Las personas con padecimientos de salud mental y sus derechos

Para garantizar los derechos de personas con padecimientos mentales se creó el Órgano de Revisión Nacional de Salud Mental (ORN), que depende del Ministerio Público de la Defensa y está formado por personas que trabajan en el Ministerio de Salud, en la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y en el Ministerio Público de la Defensa de la Nación.

Algunos de los derechos que deben ser garantizados en nuestro país a personas con estos problemas son: salud integral, educación, vivienda, trabajo, tratamiento gratuito y respeto a la identidad de género, entre otros.

Este tema sale a la luz luego de que el músico “Chano” Moreno Charpentier fuera baleado por un policía en el abdomen, cuando presuntamente intentó atacarlo con un cuchillo mientras estaba atravesando una crisis.

La Asociación por los Derechos en Salud Mental elaboró una guía en el marco del proyecto “Lucha contra la tortura y malos tratos en la Argentina: promoviendo políticas de prevención, rendición de cuentas y rehabilitación de víctimas” con una línea de actos a seguir en casos de situación de crisis: el servicio de salud debe contar con un equipo compuesto por profesionales de varias disciplinas. Si los profesionales consideran que la mejor opción es una internación, lo van a proponer, y si la persona acepta es considerada voluntaria; si la persona se niega a la internación, y el equipo considera que eso pone en riesgo su vida o la de otras personas pueden decidir una internación involuntaria. Esta internación solo debe durar hasta que la persona salga de la situación de riesgo y no prolongarse en el tiempo por el motivo que fuera. Dentro de las 48 horas de la internación se debe brindar información completa de cómo evaluaron la situación y sobre cómo puede seguir la misma para que una persona a cargo firme un documento llamado “Consentimiento informado”. Las internaciones involuntarias y todas las internaciones de niños y de menores de 18 años son controladas por un juez y por el Órgano de Revisión.

La intervención de las fuerzas de seguridad federales

Desde 2013, las fuerzas nacionales de seguridad tienen que llevar a cabo un protocolo de intervención para preservar la salud de personas con padecimientos mentales o consumo de sustancias ante situaciones de riesgo.

En la resolución 506/2013 dictada por el Ministerio de Seguridad en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, el Estado adecuó la actuación de las diferentes fuerzas de seguridad para proteger los derechos de quienes tienen padecimientos de salud mental o adicciones, además de su integridad, la de allegados o efectivos de seguridad o personal sanitario.

El protocolo de intervención establece la obligación de tratar a las personas con respeto de sus derechos y garantías constitucionales. La finalidad es preservar la seguridad de las personas, como también facilitar las condiciones para la correcta intervención de los servicios de salud. La atención inmediata del equipo de salud es la primera estrategia de mayor utilidad y prioridad en estas situaciones de urgencia, particularmente cuando la evaluación inicial permite sospechar que se está frente a un riesgo inminente para sí o para terceros.