Juzgarán a Sarkozy por haber recibido dinero de Kaddafi

El expresidente francés Nicolas Sarkozy será juzgado en 2025 bajo la acusación de haber recibido dinero del difunto dictador libio Muammar Kaddafi para financiar una de sus campañas electorales, anunció la fiscalía.

En el juicio se presentarán pruebas que apuntarían a que el exmandatario, junto a otros 12 coacusados, conspiró para obtener dinero del líder libio con el fin de financiar ilegalmente su candidatura a las elecciones de 2007 en las que terminó triunfando.

Sarkozy, que se enfrentó a una serie de procesos legales desde el fin de su único mandato, niega estas acusaciones, las más graves a las que se enfrenta. A sus 68 años, ya fue condenado dos veces por corrupción y tráfico de influencias en casos distintos relacionados con intentos de influir en un juez y con la financiación electoral. Sarkozy apeló en ambos casos.

Entre los otros acusados por la presunta corrupción libia están la antigua mano derecha de Sarkozy, Claude Gueant; su entonces tesorero de campaña, Eric Woerth, y el antiguo ministro Brice Hortefeux.

Tras diez años de investigaciones, los jueces encargados de la investigación aceptaron en líneas generales las recomendaciones de la Fiscalía Nacional Financiera (PNF), que considera que Sarkozy tenía “pleno conocimiento de los hechos” de las acciones de las que se acusa a sus allegados.

Las pesquisas se iniciaron a raíz de las revelaciones del sitio web de investigación Mediapart, el cual publicó un documento que supuestamente demostraba que Kaddafi había acordado dar a Sarkozy, con quien mantenía una relación cordial, hasta 50 millones de euros.

Estas últimas semanas, Sarkozy volvió a ser noticia tras publicar el segundo volumen de sus memorias y sugerir que las zonas de Ucrania ocupadas por Rusia en la reciente invasión podrían necesitar ser reconocidas como rusas.

También dijo que la península anexada de Crimea seguiría siendo rusa y que, “cualquier vuelta a cómo eran las cosas antes, es una ilusión”. Sarkozy se enfrenta a otra investigación por posible tráfico de influencias tras recibir un pago de la aseguradora rusa Reso-Garantia de 3 millones de euros en 2019 mientras trabajaba como asesor.