La Corte de Brasil procesa a 100 personas por el ataque en Brasilia

El Supremo Tribunal Federal de Brasil acordó procesar y enjuiciar a 100 personas por participar del intento de golpe de Estado contra Lula da Silva el pasado 8 de enero. Ese día miles de opositores al nuevo presidente asaltaron la sede de los tres poderes generando destrozos y zozobra. Tras el episodio, la Fiscalía General denunció a un total de 1.390 personas.

Todos ellos están acusados de una serie de delitos como asociación ilícita armada, abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y daños al patrimonio del gobierno federal. Según la Fiscalía, del total hubo 239 ejecutores de los delitos, 1.150 incitadores y una supuesta omisión de los deberes de funcionario público.

Este último es el caso de Anderson Torres, quien fue ministro de Justicia de Brasil durante el gobierno de Jair Bolsonaro. El ­dirigente está preso acusado de ordenarle a la Policía de Brasilia que permitiera el avance de los manifestantes. En el momento de la insurrección, Torres era el secretario de Seguridad de dicha ciudad y ese mismo día se fue a Orlando, Estados Unidos, para encontrarse con Bolsonaro.

“Operación Lesa Patria”

Mientras avanzan estos primeros procesamientos, la Policía Federal continúa con la operación llamada “Lesa Patria”. El objetivo es investigar quiénes financiaron a los miles de bolsonaristas que acamparon desde octubre a enero frente a las sedes del Ejército en todo el país para desconocer la victoria de Lula en las elecciones. Estas protestas tuvieron como corolario la irrupción en los edificios públicos del 8 de enero pasado.

Por lo sucedido, que dejó un saldo de pérdidas materiales de 5 millones de dólares, Lula removió a la cúpula de las Fuerzas Armadas y desmilitarizó la GSI, fuerza encargada de la seguridad presidencial.

Por su parte, el Congreso del gigante latinoamericano creó una comisión investigadora abocada especialmente en las responsabilidades políticas detrás de los acontecimientos. “Tenemos la oportunidad de investigar todo, quiénes en las Fuerzas Armadas colaboraron, qué empresarios financiaron estos actos, quién en la clase política ayudó”, advirtió el senador federal oficialista Renan Calheiros.