Un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil autorizó al próximo gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, a financiar sus programas sociales por encima del tope de gasto establecido por la Constitución.
Un juez del Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) de Brasil autorizó al próximo gobierno del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, a financiar sus programas sociales por encima del tope de gasto establecido por la Constitución y desbloqueó de ese modo un impasse en el Congreso.
Gilmar Mendes, magistrado del STF, estableció “jurídicamente posible” que “el eventual desembolso adicional de recursos con el objetivo de costear en 2023 el programa Auxilio Brasil puede ser viable mediante la apertura de crédito extraordinario”.
Según la decisión del Máximo Tribunal publicada en su página web, indicaron que “esos gastos no están incluidos en la base de cálculo y en los límites establecidos en el tope constitucional de gastos”. Lula, que asumirá la presidencia el 1° de enero, prometió mantener el plan Auxilio Brasil (denominada Bolsa Familia en sus gobiernos), una asistencia de 600 reales (114 dólares) para las familias más necesitadas, con 150 reales adicionales por niños menores de seis años.
El programa fue lanzado por Bolsonaro pero (a diferencia del Bolsa Familia) tenía un carácter transitorio durante la pandemia. En la práctica, la decisión de Mendes ofrece una salida a Lula para cumplir con esas ayudas sociales sin recurrir a cambios en la Constitución que se vienen discutiendo en el Congreso.
En este sentido, el Senado dio luz verde a una enmienda constitucional (PEC) que libera 145.000 millones de reales (28.000 millones de dólares) fuera del tope de gastos en los próximos dos años para esas erogaciones. Pero las negociaciones se trabaron en la Cámara de Diputados, donde una votación en el plenario de esa cámara está prevista para el día de hoy.
El acceso a los recursos para Auxilio Brasil es visto con prioridad por el gobierno entrante para atender desde los primeros días en el poder los principales desafíos sociales de la mayor economía de América Latina.
Por eso, el presidente electo negoció con el bloque derechista Centrao, hoy con Bolsonaro, para alterar el presupuesto mediante una enmienda constitucional y así tener un colchón de recursos para pagar uno de sus programas emblema, actualmente con otro nombre, tal como había prometido en campaña.