Perú espera una definición mientras crecen las tensiones tras la segunda vuelta

La elección presidencial de Perú continúa envuelta en la incertidumbre a casi una semana de celebrada la segunda vuelta. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que logró procesar el 100% de las actas electorales, aunque el resultado definitivo todavía no puede proclamarse debido a la existencia de más de 1.500 actas observadas y diversas impugnaciones presentadas por los partidos en competencia.

Según el último reporte oficial, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, conserva una ventaja mínima sobre el postulante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. Con más del 98% de las actas escrutadas, Fujimori alcanza el 50,013% de los votos válidos frente al 49,987% de Sánchez, una diferencia de poco más de 4.500 sufragios sobre un padrón de millones de electores.

La definición quedó ahora en manos de 1.551 actas observadas que deberán ser evaluadas por los Jurados Electorales Especiales (JEE). Estas actas presentan inconsistencias o incidencias materiales que requieren una revisión antes de ser incorporadas al resultado oficial.

El escenario de extrema paridad ha elevado la tensión política en el país. Seguidores de Roberto Sánchez se movilizaron este sábado en Lima para reclamar transparencia en el proceso electoral y denunciar presuntas irregularidades. La concentración fue organizada por distintos colectivos sociales y tuvo como epicentro la Plaza San Martín, uno de los principales puntos de protesta de la capital peruana.

Desde el entorno del candidato de izquierda también cuestionaron el conteo del voto en el exterior. Juntos por el Perú analiza solicitar la nulidad de cientos de actas provenientes de Argentina y pidió acceso a los padrones electorales de ese país y de Estados Unidos para verificar la participación de los ciudadanos peruanos residentes en el extranjero.

Los reclamos se concentran especialmente en distritos donde Fujimori obtuvo amplias ventajas. Sin embargo, varios pedidos de anulación ya fueron rechazados por los organismos electorales, que consideraron insuficientes los argumentos presentados.

La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) señaló además que los cambios implementados en el sistema de transmisión de las actas del exterior generaron demoras y recomendó avanzar hacia mecanismos digitales que permitan agilizar y transparentar futuros procesos.