Vacunación irregular en Perú: piden arrestar a siete implicados

Tras confirmarse que casi 500 funcionarios públicos se vacunaron de manera extraoficial, la Procuraduría Anticorrupción pidió avanzar con las detenciones.

El escándalo por el “vacunagate” ocurrido en Perú tuvo un nuevo capítulo, luego de que la Procuraduría Anticorrupción de ese país pidiera la detención de siete personas que estarían implicadas en el caso.

El pedido de basó en la “posibilidad de fuga” de ese grupo de acusados mientras se desarrolla la investigación, que inició luego de que se confirmara que 487 funcionarios y exfuncionarios se vacunaran extroficialmente con la vacuna china Sinopharm.

Entre quienes cae la orden de detención se encuentran el investigador principal de los ensayos clínicos de la vacuna en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), Germán Málaga; el rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Orestes Cachay; el asesor de inmunizaciones del Ministerio de Salud, Carlos Castillo, y el director de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Relaciones Exteriores, Arturo Jarama.

“Existen fuertes indicios que nos permiten inferir que en el presente caso los miembros de la comisión multisectorial encargada de realizar el seguimiento de las acciones para el desarrollo, producción, adquisición, donación y distribución de las vacunas y/o tratamientos contra la Covid-19 se habrían interesado indebidamente, de manera directa en razón de su cargo, en la suscripción del convenio suscrito entre el Estado peruano y el laboratorio Sinopharm para el ensayo clínico”, dijo la procuradora Yudith Villegas.

Entre las personas inoculadas, sin que les correspondiera, se encuentran la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, quien primero negó haberla recibido y ahora en una carta pública lo confirmó, y dijo que se trató del “peor error” de su vida, y la responsable de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete, que renunció el domingo al cargo.

“Málaga habría facilitado que los miembros de la comisión multisectorial manifiesten su interés indebido en las negociaciones para adquirir la vacuna, pues permitió que fuesen inoculados no solo ellos, sino otros funcionarios o servidores públicos de otros sectores del Estado, así como particulares”, sostuvo la procuradora Villegas.

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