Ahora el Gobierno se puso en pie de guerra contra las prepagas

A pesar de pregonar la libre competencia de mercado, el Gobierno de Javier Milei se muestra reticente a recibir a las cámaras que nuclean a la medicina prepaga e investiga la existencia de un pacto ilícito entre las empresas para fijar precios de venta. De confirmarse la hipótesis, prometen que avanzarán por la vía judicial “hasta las últimas consecuencias”.

Las palabras del ministro de Economía, Luis Caputo, uno de los impulsores del DNU 70/2023 que habilitó la desregulación de precios de las prepagas, resonaron fuerte en los titulares de las empresas que, con preocupación, negaron ser “formadores de precios” y solicitaron una audiencia urgente con el titular del Palacio de Hacienda.

Sin embargo, Caputo no solo no los recibirá, sino que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) estudia por estas horas presentarse en la Justicia contra las empresas por supuestas “prácticas abusivas”, accionar que definirá en los próximos días.

En paralelo, el organismo trabaja en un informe pormenorizado de los aumentos de las cinco principales firmas del sector que presentará ante la Comisión de Defensa de la Competencia (CNDC), con límite hasta el 17 de abril, encargada de precisar si hay o no cartelización.

Luego de haber impulsado incrementos del 40% en enero, el 2% en febrero, el 20% en marzo y una nueva suba prevista para abril de entre el 14% y el 18%, en Balcarce 50 aseguraron que “algunos empresarios no saben trabajar en libertar” y precisaron que “necesitan un sacudón” que están dispuestos a dar.

Luego de que Caputo planteara que “las prepagas le están declarando la guerra a la clase media”, la gestión optó por cambiar la dinámica y endurecer la postura: sin mesas de negociación abierta y desoyendo los pedidos para reabrir el diálogo, siguen de cerca la investigación de la Comisión de Defensa de la Competencia (CNDC), organismo dentro de la Secretaría de Comercio que funciona de manera “desconcentrada”.

En paralelo a la posibilidad de avanzar en una iniciativa judicial propia, el Gobierno se plegó a los reclamos presentados por un grupo de legisladores de la Coalición Cívica, liderado por Maximiliano Ferraro y Hernán Reyes, quienes el 15 de enero presentaron una denuncia por “conducta anticompetitiva” que sostiene a la investigación y que, casi tres meses después, tomó un nuevo impulso.