Aprobaron un nuevo presupuesto universitario

En una sesión maratónica, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la Ley de Financiamiento de Universidades Nacionales, la cual establece una actualización de las partidas presupuestarias cada dos meses según la inflación.

La iniciativa, cuyo dictamen fue propuesto por la Unión Cívica Radical (UCR) y el bloque Encuentro Federal, contó con el apoyo de los diputados de Unión por la Patria ante la no aprobación de su propuesta. En total, se aprobó con 143 votos afirmativos, 77 negativos y una abstención. Asimismo, tanto el PRO como el oficialismo se opusieron, ya que el Gobierno Nacional considera que la normativa altera su meta de “déficit cero”. Desde Casa Rosada calculan que la aplicación de lo que establece la ley tendría un impacto fiscal de 1,4 billones de pesos. Por esta razón, se baraja la posibilidad que, en caso de ser sancionada, sea vetada por Javier Milei.

El proyecto, que fue girado al Senado, reglamenta que el Gobierno nacional deberá de manera bimestral actualizar el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales según el Índice general de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Esta medida deberá abarcar desde el 1º enero de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2024.

Además, incorpora un mecanismo de actualización mensual del salario de los trabajadores universitarios de acuerdo también al IPC. De esta manera, los sueldos de docentes y nodocentes del sistema universitario nacional deberán ser actualizados a partir del 1° de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la presente Ley por la variación acumulada de la inflación informada por el Indec durante dicho periodo. A su vez, la iniciativa aclara que este mecanismo de aumento salarial no tendrá vigencia solo en caso de que sea reemplazado por un acuerdo entre las organizaciones gremiales y autoridades universitarias y que cuente con el aval del Ejecutivo Nacional.

Otro punto que dicta la Ley es que habrá un control del destino de las partidas presupuestarias por parte de la Auditoría General de la Nación, conforme los términos del artículo 59 bis de la Ley 24.521.

Por último, el proyecto fija que habrá una ampliación anual y progresiva del monto y el número de beneficiarios de las becas estudiantiles.