Asistencia al trabajo, temporada 4

El Gobierno definió este lunes la continuidad del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP4) para el pago de parte de los salarios del sector privado del mes de julio. Este se concretará en agosto para acompañar el nuevo esquema de salida escalonada de aislamiento social puesto en marcha para morigerar el impacto de la pandemia.

Así se definió durante la reunión de gabinete económico que se realizó en Casa de Gobierno, siguiendo la línea que planteó el Presidente Alberto Fernández el viernes. Este, en conferencia de prensa, aseguró que el Estado iba a continuar acompañando el esfuerzo que realizan los distintos sectores.

En la reunión, encabezada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, también se comenzaron a analizar distintas “opciones vinculadas al crédito blando para aquellas empresas que reiniciaron su actividad pero que aún no lograron recuperar sus niveles reales de facturación”, según señalaron fuentes gubernamentales.

En el encuentro también pasaron revista a la marcha del proyecto de Ley de Moratoria que el Poder Ejecutivo envió al Congreso, la implementación y alcances de los créditos productivos a las Pymes. Además, la reactivación de la obra pública a través de distintos programas y la asistencia focalizada -ya definida- a sectores vinculados al turismo y las industrias culturales.

Con esta agenda de “plan de recuperación de la economía”, se reunieron con Cafiero en Casa de Gobierno los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Trabajo, Claudio Moroni, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco.

Este nuevo aporte del Estado a las empresas y sus trabajadores incluirá a los sectores productivos afectados por la pandemia en todo el país. Se tendrá en cuenta su localización geográfica, y si están en etapa de aislamiento social o de distanciamiento social, según sus realidades sanitarias.

Fue en este marco de análisis de nuevos instrumentos de apoyo a la producción y el empleo que se discutieron opciones vinculadas al crédito blando. Este correspondería a aquellos negocios que pudieron reiniciar su actividad, pero que aún no lograron recuperar sus niveles reales de facturación de prepandemia.

Porcentajes

El 93,4% de las compañías que forman parte del programa ATP tienen hasta 25 empleados y generan el 39,6% del total de empleo registrado. Solo un mínimo porcentaje de las firmas, el 0,1%, posee más de 800 trabajadores en su plantilla, lo que implica el 12,7% del total de los trabajos registrados.

La continuidad de los ATP será sólo una parte del conjunto de medidas que el Gobierno pretende tomar para acompañar la salida de la crisis sanitaria. Para esto, el Presidente reveló el viernes que trabaja junto a su equipo económico en “un plan de salida” que permita atender “las particularidades de cada región”.

Los funcionarios también analizaron el rumbo de los créditos productivos a las Pymes que cuentan con garantía estatal como la brindada a través del Fondo de Garantías Argentino (FoGAr). Este acumula un desembolso superior a los $220.000 millones y permite proteger el tejido productivo.

En esa línea, se destacó la vigencia del crédito al 0% (que sumó 270.000 nuevos beneficiarios preaprobados), la línea de crédito para el sector productivo (al 24%) y para cooperativas (al 18%), y la “Línea Pyme Plus”.

Otro aspecto central de la nueva etapa de recuperación productiva y reactivación económica es el desarrollo de la obra pública a través de distintos programas que comenzaron a desplegarse en todo el territorio nacional.

A ello se suma el Fondo de Auxilio para Prestadores Turísticos (APTur), que duplicó su cantidad de beneficiarios. Otorga un aporte no reembolsable de 50.000 pesos. Más de 2.000 personas lo cobrarán durante esta semana.

Finalmente, se remarcó la importancia del tratamiento de la Ley de Ampliación de la Moratoria, entendiendo que esta herramienta es fundamental para que las empresas y los comerciantes puedan continuar su producción.

El proyecto de ley que ya se encuentra en el Congreso extiende a todos los contribuyentes la posibilidad de regularizar sus deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social vencidas hasta el 30 de junio.