Avanza la causa por “extorsión” a beneficiarios de planes sociales

La Justicia Federal avanza con la investigación de presunta extorsión y coacción a beneficiarios de planes sociales por parte de dirigentes de organizaciones sociales, en el marco de una causa iniciada a raíz de denuncias del Gobierno. En las últimas horas, se realizaron 27 allanamientos e imputaron a un puñado de referentes. Desde los movimientos advierten irregularidades en los procedimientos.

A pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien recibió una denuncia del Ministerio de Seguridad a raíz de los cientos de llamados realizados a la línea 134 que habilitó la cartera que conduce Patricia Bullrich, en las últimas horas, se realizaron operativos en varios comedores, así como casas particulares luego de tareas de inteligencia en donde se los individualizó. También incluyó varias horas de intervenciones telefónicas habilitadas por el juzgado, como así también la recopilación de aparatos electrónicos.

De acuerdo con la denuncia, los acusados “habrían exigido coacti­vamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de dar de baja el plan, conformando un total de 924 casos”.

Según precisaron fuentes judiciales, el avance de la investigación muestra que los imputados canalizaron los fondos ilícitos provenientes de las extorsiones a través de “cooperativas”, desconociéndose el destino final de ese dinero, razón por la cual solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de las personas requeridas.

El objetivo de la investigación es determinar si obtuvieron un rédito económico como resultado de los hechos de coacción y extorsión investigados.

Luego de los operativos, el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, acusó al Gobierno nacional de emprender una “persecución política” en su contra y de los movimientos sociales y negó estar vinculado a las supuestas denuncias de “extorsión”, ya que es uno de los apuntados por la administración de Javier Milei.

“Tengo la conciencia limpia, vivo en Burzaco hace 50 años. A mí no me llamaron porque saben que no soy un delincuente”, puntualizó el dirigente e insistió en que detrás de la causa “hay una ofensiva contra las organizaciones” por parte del Gobierno luego de que los movimientos denuncien a la Casa Rosada “por vaciar de comida los comedores populares”.

Por último, el dirigente puso en duda la veracidad de las denuncias a la línea 134 que terminaron impulsando la causa y anticipó que irá a la Justicia para “ver si son reales estas denuncias”.