Casi 200 organizaciones alertaron por la Ley de Lobby

Además del Super RIGI, el gobierno de Javier Milei impulsa un proyecto que crea el Registro Público de Gestores de Intereses, en lo que mediáticamente se llamó Ley de Lobby. La iniciativa comenzó a debatirse esta semana en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados. Allí, un amplio abanico de organizaciones se planteó en contra.

“Si formar parte del debate público implica riesgo penal, muchas organizaciones y colectivos organizados van a reducir su actividad”, indicaron 190 asociaciones en un comunicado. Del mismo participaron desde la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) hasta Amnistía Internacional, y desde la Unión Industrial Argentina hasta el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales).

El nudo del problema está en el mencionado Registro. Se trata de una categoría amplísima que no distingue entre el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil. Para el proyecto libertario, cualquier persona humana y jurídica que realice gestiones ante el Poder Ejecutivo y el Legislativo tiene que inscribirse, declarar si hacen lobby de manera gratuita o si lo cobran, si representan a intereses locales o extranjeros y, además, tiene que presentar un informe trimestral con los detalles de sus actividades.

En ese concepto tan amplio, según explicaron las organizaciones, la ley no diferencia entre, por ejemplo, el representante de una minera que busca modificar la Ley de Glaciares de un grupo de familias de personas con discapacidad que intenta impulsar la Emergencia en el sector. “El contacto entre una empresa y un funcionario en busca de un beneficio regulatorio o directamente económico no es comparable con el trabajo de una organización que promueve derechos, representa intereses de colectivos, expresa demandas sociales o se dedica al control democrático del poder”, señalaron en el documento. En este sentido, alertaron: “Equipararlos bajo el mismo régimen de registro, control y sanciones no es neutral: tiene consecuencias políticas serias”.

Esta advertencia surge a partir de que el proyecto libertario tipifica la “gestión clandestina de intereses” como delito penal y castiga con penas de prisión de 6 meses a 2 años a quienes realicen gestiones sin estar inscriptos en el registro oficial.

El proyecto oficialista también indica que los gestores de intereses deben especificar si representan intereses nacionales o extranjeros. En este punto también se prendieron las alertas porque la autoridad de aplicación podría pedir información extraordinaria a las organizaciones que reciben dinero del exterior, invocando conceptos como “seguridad interior” o “interés público”.

El director Ejecutivo en Fundación Huésped, Leandro Cahn, aseguró que con este punto el Gobierno “busca asfixiar a las organizaciones de la sociedad civil”. “Para muchos de los temas en los que nosotros trabajamos y que han avanzado, la cooperación internacional ha sido uno de los motores fundamentales para poder tener mejores herramientas sanitarias, desde vacunas hasta medicamentos”, aseguró en diálogo con Página/12.