Conflicto en FATE: represión, detenidos y audiencia sin acuerdo

El conflicto por el despido de casi 1.000 trabajadores de FATE se profundizó este miércoles con represión policial y el fracaso de la reunión entre el gremio y la empresa. El Ministerio de Capital Humano informó que no hubo “acuerdos definitivos” y extendió la conciliación obligatoria hasta el 11 de marzo. Desde el sindicato denunciaron que el encuentro se interrumpió de manera intempestiva por la violencia sufrida en la puerta de la Secretaría de Trabajo.

La protesta comenzó a las 11 frente al ministerio, en paralelo a la audiencia. La Policía de la Ciudad y la Policía Federal avanzaron con balas de goma, palazos y gas pimienta contra los manifestantes, dejando heridos y detenidos. Entre los presentes estaban los diputados Hugo Yasky y Horacio Pietragalla, además de dirigentes sociales como Eduardo Belliboni y el Pollo Sobrero. Belliboni denunció que fueron golpeados pese a estar autorizados a manifestarse en la vereda. Camiones hidrantes también lanzaron chorros de agua para dispersar a la multitud, lo que intensificó la tensión en la zona.

Reclamos y alternativas sindicales

Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, señaló que la empresa incumplió un acuerdo firmado en 2025 que le otorgaba beneficios fiscales a cambio de mantener los puestos laborales. El gremio afirmó que evalúa solicitar la figura de ocupación temporánea para que el Estado intervenga la planta. La organización insiste en que la continuidad productiva es clave para sostener el empleo y evitar un lockout patronal.

Empresas en crisis y despidos

Mientras FATE sigue en conflicto, otras compañías atraviesan situaciones críticas. Goldmund S.A., responsable de la marca Peabody, inició un concurso preventivo de acreedores. Por otra parte, el frigorífico Ganadera San Roque cerró su planta en Morón y despidió a 140 trabajadores. En Tierra del Fuego, Sueño Fueguino suspendió a 70 empleados de su planta de Río Grande, tras haber despedido previamente a 35 trabajadores.

El panorama refleja un escenario de conflictividad creciente, con cierres, suspensiones y despidos que tensan la relación entre empresas, trabajadores y el Estado en plena crisis económica. Esta dinámica anticipa nuevas jornadas de protesta en defensa de los puestos de trabajo.