Corrupción en la obra social judicial: el Senado tratará un pedido de informe a la Corte Suprema

La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado tratará mañana un proyecto de comunicación destinado a que la Corte Suprema de Justicia brinde información sobre una denuncia por presuntas irregularidades en la obra social del Poder Judicial de la Nación.

La propuesta fue presentada por los senadores del Frente de Todos (FdT) Oscar Parrilli y Silvia Sapag, con el objetivo de que el presidente del Máximo Tribunal, Horacio Rosatti, informe sobre una causa que lleva el juez federal Ariel Lijo por presuntas irregularidades en la obra social.

En el escrito, que deberán votar los miembros de la Comisión de Justicia que preside Parrilli, se solicita a Rosatti que remita copia íntegra de un informe de auditoría económica, financiera, de legalidad y de gestión en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.

También se pide que se indique si la Auditoría General de la Nación (AGN) se encuentra revisando posibles irregularidades en la obra social de del Poder Judicial en virtud de la investigación que se está llevando a cabo en la Justicia.

Los senadores del FdT solicitan además que se remita un listado de las empresas prestatarias de servicios de la obra social mencionada y copias de los contratos vigentes con las empresas prestatarias, además de la forma de contratación de las empresas prestatarias de servicios de la obra social.

Asimismo, piden que se informe el período en el cual estuvo a cargo de la entidad Aldo Tonón, quien habría sido propuesto para el cargo por el ministro de la Corte, Juan Carlos Maqueda, de acuerdo a la denuncia.

En los fundamentos, Parrilli sostiene que la denuncia “se centra en las presuntas contrataciones irregulares que se habrían registrado en la obra social y que involucrarían en forma directa o indirecta al ministro de la Corte, Juan Carlos Maqueda, con dos empresas”.

“Las empresas involucradas serían Emergencia Médica Integral SA y Farmandat SA prestatarias desde hace varios años de la obra social y que, de confirmarse lo que surge de la investigación en curso, podrían haber generado un grave perjuicio económico”, añade.