La Ley de Humedales una materia pendiente

En las últimas semanas se registraron focos de incendios en el Delta del Paraná. Para combatirlos, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, a través del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, puso a disposición diferentes recursos. Actualmente se utilizan tres aviones hidrantes, tres helicópteros, un avión observador, acompañados de una dotación de brigadistas forestales pertenecientes a la Administración de Parques Nacionales (APN) y a la Policía Federal, con embarcaciones propias.

Más allá de los recursos que utilice el Estado para extinguir el fuego, no se puede negar que existe una necesidad de prevenir esta problemática que trae consecuencias a mediano y largo plazo para el ambiente.

Se trata de la tan postergada Ley de Humedales, que ya cuenta con más de diez proyectos distintos presentados –incluso uno de ellos consensuado a partir de diferentes iniciativas–, pero que no encuentra la aprobación por parte de los legisladores.

Uno de los puntos más conflictivos es el papel del Estado para poder regular el tipo de actividades que se realizan sobre estos espacios, garantizando la protección ambiental y sostenibilidad.

Hace casi diez años que los proyectos entran y salen de comisiones en las Cámaras: tres fueron a parar al Senado, con las comisiones correspondientes asignadas, y ocho todavía esperan ser girados a las comisiones de Diputados.

Sin embargo, el Ejecutivo nacional, me­diante la cartera ambiental, conducida por Juan Cabandié, consensuó un proyecto que ya estaba siendo tratado en la Cámara baja.

“Eso constituye un hito en la materia de trabajo colectivo, conjunto, y esperamos que en el seno del Congreso nacional la discusión tenga una impronta federal”, dijo el ministro Cabandié en el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema).

La propuesta está formulada sobre la base del proyecto de ley de Presupuestos Mínimos de Humedales que se consolidó en la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados, presidida por el legislador Leonardo Grosso, del Frente de Todos.

“En Agricultura siempre hay lobby. Es la comisión que no da paso a esta ley y no la trata. Los diputados no quieren asistir a ese temario, se rehúsan a ponerlo, los presionan en sus provincias los diarios y cada grupo concentrado, instalando la idea de que esto frena la producción. El lobby más oculto es el de la minería, que usa otras estrategias”, había asegurado Grosso en su momento con respecto a la imposibilidad de discutir el proyecto.

El consenso llegó entre el Ejecutivo con el aporte de distintas organizaciones y actores involucrados.

En este sentido, la secretaria de Política Ambiental en Recursos Naturales, Beatriz Domingorena, destacó el “consenso logrado” y “la construcción colectiva” sobre el proyecto de Ley de Humedales.

“Vamos a sintetizar el trabajo en conjunto que venimos realizando. El camino que hemos transitado ha sido de mucha participación”, indicó. Además, resaltó que el resultado final tiene que ver con haber puesto en valor un “ordenamiento jurídico que es la síntesis del federalismo pleno”.

El ejemplo de Misiones

El Poder Legislativo de la provincia de Misiones dio el puntapié inicial en esta cuestión y ya aprobó su propia Ley de Humedales.

Según informan desde la Cámara de Diputados, la normativa prevé la conservación y el desarrollo de lagos, lagunas, ríos y pantanos, que en el país representan el 20% del territorio. Además, se creará un registro de humedales. Por otro lado, penaliza los incendios y fija la regulación de productos químicos (incluyendo las fumigaciones).

El autor del proyecto, el diputado Julio Barreto, instó al Legislativo nacional a tratar la norma en el Congreso: “Es un puntapié inicial para que el Gobierno nacional también lo pueda tratar”, dijo el legislador.

“Misiones está lleno de humedales, y los misioneros corremos peligro, así como el resto del país, de que cualquier persona pueda degradar o secar un humedal, que viene ocurriendo a lo largo y ancho de la provincia desde hace mucho tiempo”, añadió.

La necesidad de tener un marco regulatorio para trabajar en los humedales es urgente para poder proteger los ecosistemas que se extienden a lo largo y ancho de nuestro país.