Crece el escándalo por corrupción en el PAMI
Tras las acusaciones sobre un entramado de corrupción dentro del organismo estatal, se multiplican las denuncias en delegaciones de todo el país.
El escándalo por coimas y “cajas negras” dentro de la obra social de jubilados y pensionados traspasó las barreras de la provincia de Buenos Aires y comenzó a sumar testimonios en el interior del país.
Si bien la situación tomó mayor visibilidad cuando, como bien informó diario Hoy en su edición anterior, la excoordinadora contable Viviana Aguirre, del PAMI y actual diputada provincial suplente por La Libertad Avanza (LLA) denunció públicamente un presunto entramado de corrupción dentro del organismo estatal en la provincia de Buenos Aires, comenzaron a conocerse denuncias por manejos similares en el interior de país.
El pedido de coimas en Misiones
Con este contexto, en Misiones, el productor agrícola Samuel Doichele denunció al titular de La Libertad Avanza, Adrián Carlos Núñez, por retener el 10% de los salarios de diferentes integrantes del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) y la Administración de la Seguridad Social (ANSES).
“La denuncia es que se pedía 10% de los sueldos para una cuenta particular, ni siquiera para el partido. Hicimos los reclamos internos y no tuvimos ninguna respuesta”, advirtió Doichele.
“Pedimos una reunión de Carlos Núñez con los referentes. Se hizo un acta donde le pedimos la renuncia y que devuelva el dinero. Hay aproximadamente 11 empleados afectados”, relató el productor agrícola.
Investigan extorsión de funcionarios de LLA en Chaco
Por otra parte, en la provincia de Chaco, el fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini, requirió la apertura de una investigación por “delito de acción pública” por supuesta “extorsión” en maniobras de financiamiento irregular en delegaciones de PAMI y ANSES de esa provincia, que están a cargo de funcionarios de LLA.
La investigación fue iniciada por el fiscal al tomar conocimiento de una maniobra donde funcionarios y empleados de ambos organismos serían obligados a entregar un porcentaje de sus haberes para asegurarse de esta manera continuar desempeñándose en sus funciones.
El requerimiento del fiscal federal no imputa ni nombra a funcionarios determinados, aunque afirma que la investigación es “en contra de aquellas personas cuya responsabilidad se determine a lo largo de la instrucción”. Cabe mencionar que Alfredo “Capi” Rodríguez es el responsable de ANSES en dicha provincia, mientras que Silvia Arolfo es la referente en el PAMI.
En este contexto, Sabadini afirmó debe investigarse una posible “extorsión”, bajo lo establecido en el artículo 168 del Código Penal. “Se advierte que el medio comisivo empleado para finalmente obligar a las víctimas a entregar o ceder un porcentaje de sus haberes, fue a través de claros actos intimidatorios, todo ello teniendo en cuenta el especial contexto en que se produjeron, y la necesidad de poder conservar sus fuentes de trabajo”, advirtió el fiscal respecto del caso investigado.
Así, el escándalo en el organismo estatal suma testimonios a lo largo del país. Con denuncias por coimas, pedidos de retornos y extorsión, el partido libertario enfrenta un complejo panorama, tanto político como judicial.