Declaró el exespía Leandro Araque y aseguró que las órdenes venían de Dalmau Pereyra

El exespía de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Leandro César Araque declaró ayer ante la Justicia Federal de La Plata en el marco de la investigación por el armado de causas para perseguir y encarcelar a opositores durante el gobierno de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri.

Araque desempeñaba funciones en la AFI y en una entrevista brindada al canal A24 había asegurado que los informes de inteligencia sobre Juan Pablo “Pata” Medina eran de su autoría. A partir de esta afirmación, se lo llamó para prestar declaración en la causa de la “GestaPRO”.

Al salir del juzgado, el exespía explicó que, luego de realizar la “tarea de campo” y elaborar los respectivos informes al respecto, los datos recolectados se elevaban a la autoridad correspondiente. Aquí es donde entra la figura de su superior de aquel entonces, el director de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra, uno de los tres agentes de la AFI que participaron de la reunión del Banco Provincia en 2017.

“Nosotros dependíamos orgánicamente del entonces director de Contrainteligencia, que es el que nos daba las órdenes a noso­tros”, expresó Araque, y agregó que Dalmau es responsable de explicar “quién le daba las órdenes”. Sin embargo, en una apreciación personal, afirmó: “No tengo dudas de que las órdenes venían de la cúpula” de la AFI, que en ese momento eran Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Al momento de realizar tareas de inteligencia al dirigente de la Uocra platense, a Araque se le había informado que “existía una precausa por lavado de activos”; sin embargo, aseguró que en algunos casos “no se daban explicaciones” de por qué se ­realizaba el espionaje y que “tampoco es su lugar” pedirlas.

“Yo me puedo negar a cumplimentar una orden que sea ilegal. A mí no me podían mandar a robar un auto o a violar un domicilio”, explicó Araque, y agregó: “Nosotros no podía­mos pedir oficios judiciales porque no teníamos la entidad para pedirlos”.

Por otro lado, el exagente declaró que realizó tareas de espionaje a otros dirigentes, aunque se negó a explicitar quiénes fueron debido a la investigación vigente.

Se cae la teoría del “cuentapropismo”

“No estábamos trabajando para noso­tros”, afirmó el exespía, y con esa declaración negó la teoría de que los espías eran “cuentapropistas”.

“Si se mira el mapa completo y se contempla nuestra causa, el espionaje al Instituto Patria, el ARA San Juan, el proyecto AMBA, entre otras, imagino que para la Justicia la AFI tenía un director, una subdirectora y dos mil cuentapropistas”, apuntó.

Por su parte, su representante legal, Fernando Sicilia, habló con diario Hoy sobre la acusación a Araque en el marco de la causa de los “Súper Mario Bros”, la supuesta banda de agentes de la AFI que presuntamente habían realizado tareas de espionaje ilegal a figuras políticas opositoras y oficialistas durante el macrismo.

“Es la única causa en la que hay agentes imputados”, explicó Sicilia. “En las causas del ARA San Juan o del proyecto AMBA, los que están procesados son las cabezas de la agencia, sin embargo en esta causa no”, continuó, y afirmó que la Justicia “quiso limpiar” a Arribas y a Majdalani.

“¿Cómo pueden decir que es cuentapropista, si nadie en la causa se presentó a decir que Araque pidió plata por la información que tenía? ¿Para qué Araque iba a recopilar información que pudiera incidir en la política argentina? No tiene sentido alguno. La teoría del cuentapropismo existe solo en la cabeza de los jueces”, enfatizó el letrado.

Cabe recordar que los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi habían revocado el procesamiento por supuesta “asociación ilícita” de los directivos de la AFI macrista, negando un plan sistemático de espionaje ilegal.

La “precausa”

Según comentó Araque, antes de realizar las tareas de espionaje al “Pata” Medina se le había informado que existía una “precausa” por supuesta asociación ilícita.

Este instrumento judicial sirve para fundamentar las tareas de inteligencia. En principio las firma un juez y “no hay acceso a las partes”, lo que significa que solo el magistrado y la AFI conocen sus detalles.

“Si dentro de los 60 días no se encuentra información que pruebe delito, entonces se anula esa precausa y se debe destruir toda la información que existe sobre ella”, explicó Sicilia, y afirmó que no existe garantía alguna de que eso suceda.

Por lo tanto, las evidencias cada vez son más claras para respaldar que las tareas de espionaje ilegal fueron parte de un plan ­sistemático impulsado desde el gobierno de Cambiemos.