Exigen la exclusión de Vidal en el Congreso por la Gestapo antisindical

Durante la jornada de este martes, el diputado nacional por Tucumán, Carlos Cisneros presentó un proyecto en el Congreso en el que solicita la exclusión de la exgobernadora y actual diputada nacional, María Eugenia Vidal, por inhabilidad moral e indignidad (art. 66 de la Constitución Nacional), la promover, durante su gestión como gobernadora de la provincia de Buenos Aires, una persecución política y judicial en contra de dirigentes sindicales.

En ese sentido y argumentando su postura, el diputado dijo que "es incompatible que una representante del pueblo de la Nación haya perseguido a las organizaciones gremiales. Ni Vidal ni sus ministros dieron las explicaciones pertinentes, incluso dicen desconocer la situación. En los videos está claro cuando el ministro Villegas dice que la decisión era nacional, municipal y provincial sin que ninguno de los presentes planteen objeción alguna. Y los mails y testimonios de quienes organizaron la reunión son muy contundentes al señalar que el pedido de la sala venía de la gobernación de Vidal. No podemos hacernos los distraídos, la Cámara de Diputados debe dar respuestas a esta situación”.

A su vez, también destacó que las pruebas que recientemente adquirieron publicidad y notoriedad, la conducta de la funcionaria es "contraria al Estado de Derecho y a los más mínimos estándares de gobierno democrático y republicano". 

Además, remarca que son hechos susceptibles que son tipificados como causales de "inhabilidad moral" e "indignidad", ya que su comisión resulta incompatible con la función en la representación del pueblo en su banca. "Por lo tanto, presentamos este proyecto de resolución para que la HCDN excluya de su seno a la diputada María Eugenia Vidal, en ejercicio de su facultad prevista en el artículo 66 de la Constitución Nacional”, remite el proyecto.

Para entrar en detalle, Cisneros agrega que cuando hacían las respectivas campañas de demonización e intervenían en las organizaciones sindicales, "no era para democratizarlas internamente o para que tengan mejores beneficios los afiliados, sino para robar las cajas de los gremios y tenía el fin último de suprimir los derechos laborales para imponer un modelo económico con salarios bajos y precarización laboral".

Según cuenta el propio autor, el proyecto contiene pruebas contundentes presentadas en la causa, a partir de mails, videos y testimonios, señalando que la existencia de una "mesa judicial" con el confeso fin de perseguir dirigentes sindicales viola todo principio republicano de división de los poderes y suprime la garantía del debido proceso ante un tribunal independiente e imparcial (Art. 18 CN; Art. 8 CADDHH, Art. 10 DUDDHH,Art. 14 PIDCyP, entre otros).

Fuente: Contexto Político