Analizarán correos y mensajes de WhatsApp de la “Gestapo antisindical”

El juez que investiga el funcionamiento de la Gestapo antisindical, montada durante el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires para armar causas contra gremialistas con la participación de integrantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), dispuso que se realicen nuevos peritajes para analizar los correos electrónicos y mensajes de WhatsApp entre los participantes de esa presunta asociación ilícita y una empleada del Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro), y que se indague en el seguimiento desde el Ministerio de Seguridad bonaerense al sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina y a su esposa, Fabiola García.

Medina fue detenido en septiembre de 2017, pocos meses después de que se montara esa “mesa judicial”, de la que participaron el entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, y otros funcionarios del gobierno de Vidal, como el ministro de Infraestructura, Roberto Gigante, y el viceministro de Justicia, Adrián Grassi.

Por aquel entonces, el “Pata” era el titular de la filial platense de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), un sindicato al que Vidal, Villegas y el propio Mauricio Macri, presidente de la Nación en aquellos momentos, tenían entre ceja y ceja.

La existencia de la mesa judicial antisindical fue revelada en los últimos días del año pasado, con la difusión de un video en poder de la AFI en el que se puede ver una reunión en la sede porteña del Bapro. Allí, Villegas instruía a empresarios platenses en la forma de generar causas judiciales contra gremialistas a quienes percibían como obstáculos para avanzar en sus negocios. La idea era presentar denuncias en las que se utilizaran palabras como “extorsión” o “coerción”, de manera que se encuadraran en un delito concreto y los gremialistas pudieran ser encarcelados. Es exactamente lo que ocurrió con el “Pata” Medina, poco después.

Villegas y el resto de los integrantes de la “Gestapo” vidalista están acusados de los ­delitos de asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica e infracciones a la Ley de Inteligencia.

Tal como viene informando diario Hoy desde hace dos meses, la actuación de esta mesa judicial no se limitó a la reunión en la sede del Banco Provincia, sino que existe un complejo entramado de reuniones en la Casa Rosada y en oficinas de la AFI, además de llamados telefónicos entre los participantes de aquel cónclave, que se prolongan por meses enteros, entre mayo y diciembre de 2017, y reuniones quincenales en 2018 entre funcionarios del gobierno de Vidal, agentes de inteligencia y un juez federal.

La persecución a Medina se habría iniciado por una nota publicada por este medio en abril de 2017. El juzgado requirió ayer datos sobre el seguimiento informático al gremialista y a su mujer por parte de un usuario del Ministerio de Seguridad, a través del sistema Nosis, con entradas el 3 y el 10 de mayo de ese año. Nosis recaba antecedentes comerciales y datos financieros de personas y empresas.

El juez que investiga a la “GestaPRO” (como también se llama a la supuesta asociación ilícita, por su vinculación con el partido PRO fundado por Macri) dispuso también realizar nuevos peritajes sobre dos discos rígidos que se secuestraron como parte de la investigación y sobre un teléfono móvil rotulado “efecto 18”, para analizar los correos electrónicos y mensajes de WhatsApp intercambiados con los integrantes de la mesa judicial. Los datos serán rastreados y cruzados por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip).

Se trata del celular de Patricia Bencivengo, empleada del área de Comunicación y Relaciones Públicas del Bapro, que habría recibido a los agentes de la AFI que colocaron las cámaras con las que se filmó la reunión.

El escrito especifica que, “toda vez que de una primera compulsa realizada sobre la información remitida no se observan que se hayan aportado los datos correspondientes a la agenda de contactos, conversaciones de Whats­App y correos electrónicos relativos al móvil reservado como efecto 18, solicítese turno a la Datip a los fines de que se practique un nuevo peritaje sobre el mismo, con el objeto de obtener dichos datos, empleando herramientas de extracción alternativas a las utilizadas en la práctica realizada por orden de este juzgado el pasado 16 de febrero”.

El titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n° 3 de La Plata está interesado en los mensajes intercambiados con Villegas, Gigante, Grassi, el senador Juan Pablo Allan, el intendente platense Julio Garro, Ricardo Alconada Magliano, Guillermo Moretto, Jorge del Río, Fabián Cusini, Bernardo Zaslascky, Marcelo Jaworski, Carlos Tejeda Ibáñez y los entonces integrantes de la AFI Darío Biorci, Diego Dalmau Pereyra y Juan Sebastián De Stéfano, además de una larga lista de otros números con características de La Plata y Capital Federal.

En base a textos y audios de otro celular analizado, el del también empleado del Bapro Guillermo Squillari, el magistrado además dispuso requerir a la Gobernación bonaerense información sobre una supuesta empleada o exempleada del banco que habría gestionado la reunión.

Todos los imputados en la causa están citados a prestar declaración indagatoria a lo largo del mes de marzo.

Además, el juez admitió como querellante en la causa a David Emiliano García, uno de los hermanos de Fabiola García, la esposa de Medina. David García permaneció preso durante dos años, también por efecto de una causa por extorsión que respondía al modelo impulsado por la mesa judicial.

García se suma al “Pata” Medina, a su mujer y a su hijo Agustín en la lista de querellantes en la causa, que también integra el empresario Horacio Homs.

Otra disposición del juzgado ordena recabar información sobre las visitas a la Casa Rosada consignadas en el sitio web de Poder Ciudadano.