El Gobierno nacional autorizó un aumento de tarifas de gas a partir de marzo

El Gobierno autorizó este miércoles incrementos del 36% en el valor del gas en la porción correspondiente a las distribuidoras y del 60% para las transportadoras a partir de marzo, que en conjunto tendrán un impacto en la tarifa final que los usuarios pagarán de entre el 14% y el 17%.

La medida se dispuso mediante el decreto 91/2022 publicado hoy en el Boletín Oficial, luego de las audiencias públicas llevadas a cabo el 19 y el 31 de enero.

Fuentes oficiales y del sector energético estimaron que el impacto final en la tarifa será de entre el 16% y el 17% para los usuarios residenciales y del 14% para las pymes.

Asimismo, advirtieron que ese aumento no se verá reflejado en las facturas de manera uniforme, ya que en algunos casos el período de consumo podría incluir días previos a la vigencia de los aumentos.

En el decreto se ratifican las adendas a los acuerdos transitorios de renegociación entre las compañías distribuidoras y transportadoras, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y el Ministerio de Economía, suscriptas el 18 de febrero.

Los incrementos regirán a partir del martes 1 de marzo para las compañías transportadoras TGN (Transportadora de Gas del Norte) y TGS (Transportadora de Gas del Sur) y para las distribuidoras Metrogas, Naturgy Ban, Camuzzi Gas del Sur, Camuzzi Gas Pampeana, Distribuidora de Gas Cuyana, Distribuidora de Gas del Centro, Litoral Gas, Gas Nor y Gas NEA.

El impacto en la tarifa final será variable para cada distribuidora, teniendo en cuenta que en el precio de la factura se tienen en cuenta cuatro factores: el precio del gas en boca de pozo, el transporte, la distribución y la carga tributaria, compuesta a su vez de impuestos nacionales y provinciales y tasas y contribuciones municipales.

Los ajustes tarifarios que resulten de la combinación de esos cuatro factores se aplicarán luego de un virtual congelamiento de casi tres años, período en el que solamente hubo un aumento de 6% en mayo de 2021.

Como la evolución de la tarifa no acompañó a la inflación ni a las variaciones de costos, el Estado debió hacerse cargo de la diferencia a través de un incremento en los subsidios.