Denuncian una situación “terminal” en discapacidad

Organizaciones miembro del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad se movilizaron al Ministerio de Economía para entregar una nota dirigida al titular de la cartera, Luis Caputo. Mediante la presentación, solicitaron la inmediata aplicación presupuestaria y la transferencia de los fondos correspondientes al Programa Federal Incluir Salud. Según denunciaron, el área vive una situación “terminal”.

En concreto, los manifestantes exigen efectivizar en tiempo y forma los pagos de las prestaciones brindadas a beneficiarios de Incluir Salud, Pensiones No Contributivas (PNC) y afiliados de PAMI, cuyas prestaciones se sostienen con dichos fondos en el marco de la Ley 24.901.

Además, reclamando que se garanticen los fondos necesarios para la plena ejecución de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, “resultando indispensable para el sostenimiento del sistema prestacional”, expresaron a través de un comunicado donde destacaron.

“La emergencia en discapacidad continúa vigente y afecta seriamente la sostenibilidad de numerosas instituciones, muchas de las cuales se encuentran hoy en una situación crítica que pone en riesgo la continuidad de las prestaciones”, describieron en el escrito. Al mismo tiempo, aseveraron: “Contar con la presencia y el acompañamiento del sector resulta fundamental para fortalecer este reclamo colectivo en defensa de las personas con discapacidad y de las instituciones que sostienen su atención”.

Instituciones colapsadas

“La situación es cada vez más crítica. Si antes pagaban poco, ahora directamente no pagan”, reveló Pablo Molero, referente del Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad, en diálogo con Página/12. En este sentido, describió la situación de los centros de día, las escuelas especiales y los transportistas como “terminal”.

Según Molero, que representa a la sociedad civil frente al Estado en este tema, hay instituciones que no cobran desde octubre del año pasado. Si se suma también al PAMI, hay más de 1200 expedientes con deudas acumuladas en el Ministerio de Salud, un número inusualmente alto. “Todas las semanas cierra sus puertas alguna institución”, lanzó.

Esta situación se da mientras la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por el Congreso en julio del 2025, está vigente desde enero, luego que la Justicia obligó al Gobierno nacional a aplicar la norma. No obstante, a pesar de la formalización, en la práctica sigue trabada.

Los fondos inicialmente aparecieron, y las instituciones y sus profesionales pudieron actualizar el “nomenclador” (así se define técnicamente al valor de los servicios de salud, educación y otros rubros) a partir del número de inflación del Indec. Sin embargo, aparecieron nuevos problemas. Uno de los desacuerdos tuvo que ver con las deudas acumuladas con el sector desde 2023, que la ley también dice que se deben compensar. Los prestadores dicen estar facturando casi un 40 por ciento por debajo de lo que dicta la Emergencia.