Diputados frena el avance de la Ley de Glaciares

El primer encuentro para tratar la reforma de la Ley de Glaciares en Diputados terminó con una definición clave: la oposición logró postergar al menos un mes la votación del proyecto. El oficialismo había proyectado su aprobación para el 12 de marzo, pero el plenario de comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales resolvió no llevarlo a sesión este mes.

Desde la conducción libertaria afirmaron que contemplaban extender el debate para evitar un dictamen apresurado. Sin embargo, en la oposición celebraron la decisión como un triunfo político y advirtieron que el oficialismo aún no tiene los votos necesarios en el recinto. “Hoy ellos no tienen los números”, señalaron desde un bloque opositor.

Debate y audiencias

La oposición reclamó más instancias de discusión y participación ciudadana, cuestionando el esquema exprés aplicado en el Senado. Legisladores de Unión por la Patria, la Coalición Cívica y Provincias Unidas pidieron audiencias en Buenos Aires y en provincias cordilleranas, para garantizar la intervención de comunidades afectadas. El oficialismo, por su parte, propuso una única audiencia pública, pero finalmente cedió y aceptó dos encuentros: uno presencial el 25 de marzo y otro virtual el 26. La tensión quedó expuesta en el cruce entre quienes buscan acelerar la aprobación y quienes reclaman un proceso más abierto y federal.

Los cambios en discusión

El proyecto modifica la Ley 26.639, que protege glaciares y ambiente periglacial, y otorga mayor poder a las provincias para definir qué reservas son estratégicas. Ante este escenario, ambientalistas y opositores advierten que estas reformas debilitan la protección de recursos hídricos, mientras que gobernadores cordilleranos respaldan la iniciativa por su potencial de atraer inversiones mineras. La discusión se da en un contexto de creciente conflictividad ambiental y política, con críticas al Gobierno por avanzar en proyectos extractivos.

Con el inicio del tratamiento en comisión y la postergación de la votación, el Congreso abrió un debate con impacto directo en la agenda ambiental, productiva y política del país.