“El gobierno bonaerense eliminó tal vez el sistema de inteligencia más importante de la República”

En el mes de junio del año 2020, el Ministerio de Justicia de la Provincia decidió disolver la Dirección de Inteligencia del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Según indicaban desde el ámbito judicial, la decisión tuvo que ver con “transparentar y democratizar” la actuación del organismo y se dio en sintonía con la misma medida que se adoptó en el Servicio Penitenciario Federal luego de que allí se conocieran los episodios de inteligencia sobre personajes públicos y presos conocidos años atrás.

Sin embargo, nunca más fue puesta en funciones nuevamente desde aquel año y el exfiscal y candidato a senador bonaerense de Juntos por el Cambio, Marcelo Romero, aseveró en diálogo con diario Hoy que se trató de “una decisión gravísima, aun más grave que la liberación de presos en plena pandemia”.

“La decisión que tomaron el ministro Alak y el gobernador Kicillof privó al sistema penal y sobre todo a los magistrados y auxiliares de la justicia de una herramienta fundamental para la investigación de futuras evasiones o fugas y no solamente en ese tipo de actitudes, sino en crímenes intramuros como violaciones, motines y agresiones contra los propios guardias”, explicó el exfiscal.

Romero detalló entonces que “la Secretaría de Inteligencia reúne información de los internos, de su núcleo familiar, de los contactos que hacía en el interior de la cárcel, de las visitas, de las personas que se anotaban para visita íntima, es decir, todas fuentes abiertas donde no tenía necesidad de intervenir un teléfono, sino reunir información, entrecruzar información, analizarla y brindarle al funcionario poder tomar una decisión”.

“Estamos hablando de Inteligencia profesional, no hablamos del espionaje de peluquería, sino una inteligencia profesional que ayuda al servicio penitenciario a actuar en consecuencia. Por ejemplo, cuando se fugaba un preso, había información de quiénes eran sus familiares, amigos, parejas y exparejas y dónde podían estar ocultos, algún cómplice, toda esa información la tenía la Secretaría de Inteligencia Penitenciaria”, enfatizó el exfiscal.

El exfuncionario del Ministerio Público Fiscal contó que “el Servicio de Inteligencia sabía si podría haber maniobra interna para liberarlo, como lo que ocurrió en Tolosa días atrás donde un preso peligroso fue liberado durante un traslado por sus compinches, eso se podría haber evitado con un ­sistema de inteligencia. Esta Dirección de Inteligencia ha logrado neutralizar motines, extra e intramuros, el ingreso de sustancias prohibidas, como drogas y armas, es decir, el gobierno eliminó tal vez el sistema de inteligencia más importante de la República porque no se dedicaba a espiar sindica­listas, políticos o periodistas, sino que estaba destinado a prevenir el delito y eventualmente colaborar en la investigación con los ­magistrados”.

“Los motivos por los cuales fue disuelta los desconozco, pero no ha sido restaurado, es de esperar que sea restaurada de inmediato porque el mismo día que se fugaba este detenido peligroso en Tolosa, se inauguraba el nuevo edificio de monitoreo penitenciario cuando de nada sirven las cámaras si no tenemos información y me pregunto ¿Qué lugar más que en la cárcel hay más información criminal, dónde vamos a reunir mayor información que en un lugar como la cárcel? En ninguno”, sentenció y agregó: “Es inaudita la decisión, es inexplicable y es absurda”.

“Lo más grave es que no solamente se neutralizó el organismo, sino que todos los efectivos que habían sido capacitados por el Estado, ya sea en la Escuela Nacional de Inteligencia o en otros organismos, tal vez hoy estén abriendo o cerrando rejas, haciendo una función intrascendente cuando son especialistas en inteligencia criminal”, señaló.

Romero cuestionó además la postura de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) de acompañar la decisión del gobierno bonaerense: “Me causa una enorme ­tristeza que una de las instituciones que apoyó esta determinación fue la Universidad Nacional de La Plata, donde yo me recibí, argumentando que el Servicio de Inteligencia le pedía información a los docentes que daban clases. Lo cierto es que la cárcel no es un spa, no es un club de campo, y si uno va a dar clases en contexto de encierro es lógico que se establezca, en un libro de guardia de entrada y salida, el celular y me pareció lamentable que la UNLP haya sido parte de este disparate”.

El candidato legislador por la 8a Sección aclaró además que, “en la visita íntima, no hay cámara ni micrófonos, se protege la identidad familiar, o lo que le está contando el detenido a su abogado, la inteligencia penitenciaria tiene que ver simplemente con saber su historial, fuentes abiertas, de cada preso hay un legajo de su conducta interna que después será evaluada, inclusive para cuando tramita un pedido de salida transitoria, es decir, se trabaja sin violar sus garantías constitucionales, no se escucha su conversación intima con los familiares ni con su abogado defensor, esas cuestiones no interesan, sino interés, y además no podrían utilizarse en un proceso judicial”.