El organismo reunirá, además de la información de las desapariciones durante la última dictadura militar, las historias de vida de los detenidos desaparecidos.
17/08/2022 - 00:00hs
El gobierno bonaerense presentó el proyecto de ley que crea el Archivo Provincial por la Memoria (APM), que reunirá no solo información de las desapariciones durante la última dictadura militar sino las historias de vida de los detenidos desaparecidos.
El subsecretario de Derechos Humanos bonaerense, Matías Moreno, explicó que “la creación del APM es una victoria ya que se reconvierte el Destacamento de Inteligencia 101”, donde “se emitían órdenes de secuestros para desaparecer a nuestros compañeros y compañeras, en un Espacio para la Memoria”.
En ese sentido, afirmó que “a partir de su creación, el Estado provincial no solamente deberá contar la historia de la desaparición, sino la historia de vida de nuestros compañeros detenidos desaparecidos” porque “tenemos la obligación de contar cómo vivieron, cuáles eran sus sueños y anhelos colectivos”.
El funcionario realizó declaraciones al inaugurar el Primer Encuentro Provincial de Archivos de la Memoria, al que asistieron los representantes de los archivos de Pilar, Moreno, Morón, Necochea, Quilmes, Mercedes, Florencio Varela, General Rodríguez, Merlo, Exaltación de la Cruz, Morón, Avellaneda, Marcos Paz, José C. Paz, Tigre, San Martín, Partido de la La Costa, y Hurlingham, quienes apoyaron la iniciativa.
“Los militantes que provenimos de derechos humanos sabemos que las verdaderas reparaciones, reivindicaciones y homenajes a nuestros compañeros y compañeras detenidos desaparecidos se darán cuando la dignidad se haga costumbre a lo largo y ancho de todo el país”, afirmó Moreno.
El subsecretario también dio a conocer los avances de adecuación y detalles de la obra del edificio del ex Destacamento 101 de Inteligencia donde funcionará el Archivo.
Por su parte, la senadora provincial y autora de la iniciativa para institucionalizar el Archivo Provincial de la Memoria, Ayelén Durán, explicó que “el proyecto de Ley es un trabajo colectivo” y sostuvo que “tenemos la obligación de defender nuestro patrimonio cultural y todo lo que tiene que ver con lesa humanidad”.
“Debemos salvaguardar el cuidado de nuestra historia reciente y nuestro patrimonio”, expresó y agregó que actualmente “el archivo está sancionado por decreto pero es necesario que sea por Ley, porque es indispensable que haya un piso de institucionalización que no se pueda modificar”.
La legisladora también hizo hincapié en la necesidad de digitalizar todas las causas y el acervo audiovisual del archivo.
“La idea es que se trabaje en coordinación con los archivos municipales en el marco de una impronta colectiva, con los organismos de derechos humanos, para cuidar y garantizar que las generaciones futuras tengan todo resguardado”, afirmó Durán.
El director del archivo, Guillermo Clarke, por su parte, indicó que “estamos materializando la concreción de una idea hermosa: desde lo constructivo a través de la creación del archivo y desde la normativa, a través del proyecto de Ley”, donde “el Estado provincial toma la iniciativa de hacerse cargo del pasado reciente y no mirar hacia el costado”.
A fines de julio pasado fue el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien anunció el inicio de las obras del nuevo edificio del Archivo Provincial de la Memoria, que estará emplazado donde funcionó el Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército, centro neurálgico del sistema represivo de la última dictadura cívico militar.
Cabe destacar que el espacio contará con más de 630 metros cuadrados cubiertos, distribuidos en 5 plantas. Estará destinado a la preservación y difusión de la memoria, de acuerdo con lo establecido en la Ley del Registro Único de la Verdad (Ley Provincial n° 12.498).
Según la legislación vigente, todo integrante de la comunidad tiene derecho a conocer la verdad acerca de la desaparición forzada de personas, muerte, sustracción de menores y demás violaciones de derechos humanos ocurridos en relación con los hechos de la represión ilegal desarrollada entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.