El juez Arias suma apoyo del CELS y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos

A raíz del polémico jury contra el juez Luis Federico Arias, titular del Juzgado en lo Contencioso  Administrativo Nº 1 de la ciudad La Plata, distintas organizaciones y entidades continúan mostrando el apoyo y la solidaridad con el magistrado.

A lo ya expresado esta semana por los sindicatos bonaerenses más importantes, ahora se sumaron el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Plata (APDH).

En un comunicado, la APDH expresó que "a raíz del jurado de enjuiciamiento al que se ve sometido, quiere hacer llegar su apoyo, al mismo tiempo que llamar a la sociedad a una reflexión sobre el avance del poder político sobre el poder judicial, repudiando el no cumplimiento de respeto a la división de poderes constitucionales".

Agregan que "siempre hemos resaltado  su coherencia, sus convicciones, su compromiso no sólo en impartir justicia, sino  hacerlo con la mayor transparencia y con postura crítica,  posturas que lo han llevado a ser considerado como un magistrado que incomoda a la estructura  del  poder vigente".

Por su parte, la CELS manifestó que "los antecedentes acumulados al expediente “Arias, Luis Federico; Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial La Plata s/requerimiento REQUERIMIENTO”, identificado bajo el N° SJ 313/15, no pueden ser considerados como causales para el trámite y conclusión de un proceso de enjuiciamiento. Los hechos descriptos en la acusación no se relacionan –en concreto- con las causales previstas en la ley 13.661, ni tampoco en la figura de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos, del art. 248 del código penal".

"Tal como veremos en detalle, las supuestas causales alegadas por el Procurador General en su denuncia refieren a la intervención del juez Luis Arias en procesos judiciales que buscaban asegurar derechos humanos fundamentales, ante acciones u omisiones de autoridades provinciales, y en función herramientas procesales definidas para asegurar, al menos, un recurso judicial efectivo. Se vislumbra en la acusación una crítica encubierta de la función judicial activa en la protección de derechos humanos, la que debe ser sancionada porque se aparta de los margenes de una actuación judicial “reactiva”, pero ello sin comprender las obligaciones que tienen los jueces en asegurar derechos humanos", detallaron.