El juez federal de Quilmes llevó adelante la causa contra Juan Pablo “Pata” Medina manteniendo numerosas comunicaciones con Marcelo Villegas, exministro de Trabajo bonaerense. Sin embargo, las irregularidades del magistrado no se limitan solo a este caso.
20/02/2022 - 00:00hs
El juez federal de Quilmes, Luis Armella, resultó ser otro de los protagonistas de la “Gestapo antisindical”.
Como fue revelando diario Hoy en ediciones anteriores, el exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, tenía una comunicación recurrente con el magistrado encargado de llevar adelante la causa contra Juan Pablo “Pata” Medina. Esto se sostiene a partir de las visitas de Villegas al despacho de Armella (en al menos cinco oportunidades) y de la cantidad de llamados registrados (que los ponían en contacto) en días relevantes en el marco de la causa contra el referente de la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) platense. Este multimedio, en su edición del viernes pasado, reveló una cronología de contactos telefónicos entre el exfuncionario de la cartera laboral y el juez antes y después de la detención de Medina.
Cabe aclarar que no es la primera maniobra polémica del magistrado en el campo judicial. Por el contrario, Armella ya tiene su historial...
La causa Riachuelo
La cronología comienza en 2008, cuando la Corte Suprema instó al Estado nacional, la Provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a llevar adelante un plan destinado a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca Matanza-Riachuelo, recomponer el ambiente y prevenir daños a través de, por ejemplo, el saneamiento de basurales, la urbanización de villas y asentamientos, la limpieza de las márgenes del río, la expansión de la red de agua potable, y la instalación de una planta depuradora y un sistema sanitario de emergencia, entre otras cosas.
Allí, Armella intervino y se puso al frente del monitoreo de este gran plan, incluyendo intimaciones y multas a funcionarios públicos. No obstante, esto iba a ser opacado por una escandalosa revelación.
En 2012, el diario Página 12 dio a conocer la existencia de contratos millonarios sin licitación dentro del Plan Integral de Saneamiento Ambiental del Riachuelo. Armella intimaba a la Autoridad de la Cuenca Riachuelo-Matanza (Acumar) para ejecutar proyectos en plazos perentorios; sin embargo, Acumar evadía las licitaciones, entonces caían en manos de empresas privadas.
Entre ellas se encontraban: San Martín 264 Bernal SA; Gildin; Tierras Provinciales SA; Vial Rogo Constructora SA; Compañía Constructora M&T SA; y Kartonsec SA. Las firmas pertenecían al menos a uno de sus socios y familiares.
Luego, la Corte Suprema de Justicia decidió separar a Armella del caso y el Estado nacional lo denunció penalmente, además de pedir al Consejo de la Magistratura que impulsara su juicio político.
En la audiencia en la Corte, el auditor había precisado que “Francisco Alberto Groba, suegro del juez Luis Armella, es presidente de San Martín 264 Bernal. De esta sociedad forman parte también Marina Laura Groba (esposa del juez Armella), Lorena González, Romina González (directoras de Kartonsec y socias de Vial Rogo) Arturo Rodrigues Da Silva (que participa en cinco de las seis empresas) y Gabriela Aparicio (socia fundadora de M&T)”.
“Estafa contra la administración pública”, “violación de los deberes de funcionario público” y “negociaciones incompatibles con la función pública” fueron los delitos que se le atribuyeron al magistrado en la causa Riachuelo.
La persecución al “Pata” Medina
En declaraciones televisivas, un exintegrante de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista, César Araque, reveló que realizó tareas de espionaje a pedido de sus superiores (entre los cuales se encontraban Diego Dalmau Pereyra y Sebastián De Stéfano) para obtener información sobre el dirigente de la Uocra platense.
A partir del testimonio, desde la defensa del exespía afirmaron a Hoy que la teoría del “cuentapropismo” no es válida y que a Araque “no le serviría de nada” espiar a personajes como el sindicalista o incluso la hermana del expresidente Mauricio Macri. Por lo tanto, vuelven a apuntar a los titulares de la AFI.
El reclamo que llega desde la defensa del exespía tiene que ver con la impunidad de los jueces que dirigen estas causas. Tal es el ejemplo del fallo firmado por Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi que revocó los procesamientos de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en el marco de la acusación por tareas de espionaje ilegal durante el macrismo.
En el caso del juez federal de Quilmes sucede que, a pesar de haberse descubierto su posible participación en la mesa judicial de María Eugenia Vidal, no se lo incluye en la lista de aquellos que fueron llamados a indagatoria por el Juzgado Federal de La Plata.