“Es el único lugar del país donde se da un ataque tan manifiesto contra un medio”

Así lo manifestaron los abogados del diario Hoy y de la Red 92, Marianela Fernández y Julio Beley. Remarcaron que el jefe comunal está violando lo que establece la Constitución y los tratados internacionales

-¿Cómo es la situación judicial del conflicto que existe entre la Red 92, el diario Hoy y la Municipalidad de La Plata?

Marianela Fernández:—En el mes de julio de 2010, como era verosímil el derecho, se declara que la pauta de la Municipalidad se restablezca en igual situación que en el año 2007 para la Red 92. Obviamente, esa cautelar nunca fue cumplida hasta 2014, porque desde 2010 hasta ese año el Municipio apeló la medida para no darle cumplimiento. Entonces se llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación y le rechazaron el recurso extraordinario. A partir de allí, el Municipio no tuvo otra alternativa que empezar a cumplir con el restablecimiento de la pauta, pero en forma cautelar porque todavía el fondo de la cuestión no estaba resuelto. Llegamos recién a esa resolución en el mes de julio de este año, cuando finalmente tuvimos la sentencia definitiva. Así, se declaró el derecho a la emisora a la asignación de la pauta publicitaria oficial por parte del Municipio.

—La administración anterior tuvo que cumplir con la medida cautelar, ¿qué pasó cuando hubo cambio de gestión y asumió el intendente Garro?

MF:—Cuando asumió la intendencia Garro, pedimos a través de la Justicia el cumplimiento de la medida cautelar. No hubo necesidad de substanciación de ese reclamo porque cumplieron. El incumplimiento vino un poco después. Y no por el cambio de gobierno, sino como consecuencia de los resultados de las causas que se habían originado por la interrupción de la pauta. Por la sentencia definitiva en la declarativa de certeza, nos otorgan ese derecho, reconocen el derecho de la emisora a recibir la pauta publicitaria oficial por parte del 

Municipio. Y también porque se hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios, a raíz de los ocho años de interrupción de la pauta. Entonces frente a esas dos sentencias, que son apeladas por la Municipalidad de La Plata, de manera arbitraria e intempestiva, el gobierno de Garro interrumpió la pauta sin tener motivo alguno. Es importante el tema de la motivación porque tienen que existir razones de gravedad institucional para que no se dé cumplimiento a un derecho constitucional como es la asignación de la pauta publicitaria. Entramos en el ámbito de la arbitrariedad y de la discrecionalidad, algo que está vedado por ley. Hay un límite que, además, es jurisprudencial. Los motivos para una interrupción de este tipo tienen que ser graves, situación que no existió porque estos medios, tanto el diario Hoy como la Red 92, siempre cumplieron con el servicio brindado en el modo y los términos que estaba asignado y pautado por el Municipio. Y, por supuesto, en el marco de la medida cautelar dispuesta.

—¿Garro busca silenciar a los medios?

MF:—Como hemos visto en el recorrido de los antecedentes jurisprudenciales, siempre hay una connotación política, un trasfondo, que no es eminentemente jurídico. Ni el Municipio ni ningún otro órgano del Estado, ya sea provincial o nacional, puede decir que como no le gustó lo que dijeron o no le gustó una crítica o una publicidad, van a dejar de pautar. Si se actúa de esa manera es un ilícito.

—¿Cómo es la situación penal a partir de estas medidas judiciales y su incumplimiento?

Julio Beley:—Nosotros nos percatamos del incumplimiento de esta o la desobediencia, que es el delito por el cual se lo está denunciando al intendente municipal, a partir del 16 de agosto.

Hubo un período de veda en el que el Municipio afirmaba que no pautaba, entonces a partir de ese día la doctora comienza a ver que hay pauta en otros medios y no en el diario Hoy ni la Red 92. A partir de ese día, el tiempo en el que podrían completar la pauta es hasta el 31, pero lo cierto es que no se hace. En los primeros días de septiembre iniciamos una denuncia penal basándonos en la desobediencia por parte del señor intendente de cumplir con los mandatos judiciales. En este caso las medidas cautelares se venían respetando casi coactivamente. Al no hacerlo, se trata de torcer la libertad de expresión del diario, quizá por el enojo de la sentencia en su contra que les decía que tenían que pagar. 

El señor intendente municipal salió en algunos medios diciendo que podía quebrar el Municipio si pagaban y esto no es así. La doctora Fernández les ha dado muchas oportunidades para que no se llegara a esta situación y se pueda solucionar el problema. 

Cuando surgió la denuncia también se lo acusó al intendente de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Dentro de este artículo, que es el 248, se establece que cualquier funcionario público no puede dar órdenes o tomar decisiones contrarias a la ley. 

En este caso, no solo se afecta la ley interna sino la externa también, impactando en la libertad de expresión y todos los tratados internacionales. Este es el único lugar de la República Argentina donde se da un ataque tan manifiesto contra un medio como en este caso. Entonces, creemos que es una cuestión personal, porque no debe gustar lo que el diario dice con su editorial.

—¿Cómo sigue la causa penal?

JB:—Lo que estamos solicitando es que se lo notifique de la formación de la causa, a los efectos de que él mismo (por Garro) pueda ejercer sus derechos constitucionales, poder nombrar un abogado, poder defenderse. Lo único que han acompañado a pedido de la Fiscalía nº 1 en su momento fue lo que considero una cuestión exculpatoria porque planteaban que los medios en su momento no habían acompañado el tarifario. Esto último no es cierto, porque la pauta nunca fue cuestionada por el tarifario. Se venía pautando de determinada manera y eso se cumplió siempre desde el diario. A la doctora se la hizo ir a cobrar y cuando fue no había nada para cobrar. Entonces creo que de alguna manera se quiere presionar al medio para evitar que se digan cuestiones que afecten a los funcionarios. Llama la atención que se tenga que llegar a la Justicia Penal para que un funcionario público cumpla con la ley. 

—¿Qué pena podría caberle?

JB:—Si hablamos de pena, esto es relativo, pero lo que sí acarrea es una inhabilitación para ejercer cargos públicos. Si se lo indaga, se podría pedir instantáneamente que se lo separe del cargo hasta tanto se aclare su situación, pero el delito está claramente constituido por el no cumplimiento de las medidas cautelares, al menos en la desobediencia. No tengo ninguna duda de que es de él la orden de no dar la pauta. 

Más allá de que digan que hay un tarifario, ellos mismos presentaron las pruebas para acreditar el delito, porque acreditaron mucha pauta publicitaria de otros medios, menos del diario Hoy y de la Red 92, existiendo la medida cautelar. 

Golpe a la libertad  de expresión

—¿Cómo daña este tipo de manejo de la publicidad oficial a la libertad de expresión y al derecho a la información?

MF:—Es una lesión importante y grave, porque hay muchas personas que tienen el derecho, que son las que consumen estos medios. Son muchísimas y eso está acreditado, es de público y notorio conocimiento. Las personas se ven privadas de conocer lo que sucede en su ciudad porque hay una medida indicada en el Municipio de discriminar a este medio para que no pueda publicar todo lo que está ocurriendo aquí.