Un intendente que quiere comprar silencio

Por Ing. Marcelo Antonio Balcedo

Director del diario Hoy

"Si el otorgamiento de la propaganda oficial es un arbitrio discrecional de la autoridad competente, que se concede o retira a modo de recompensa o de castigo; si ello gravita sobre la fuente preferente de financiamiento del medio, no es aventurado sostener que unos serán proclives a endulzar sus críticas al gobierno de turno para mantener la pauta que les fue asignada y otros, para alcanzarla. Esto, claro está, no es consistente con la amplia protección de la que goza la libertad de prensa en nuestro ordenamiento, que no admite un condicionamiento de esta especie”.

Así se expresaron hace más de 20 años los jueces Carlos Fayt, Gustavo Bossert y Enrique Petracchi, quienes integraban la Corte Suprema y no formaban parte de la mayoría automática menemista. Ellos se pronunciaron a partir de un reclamo que impulsamos desde el diario Hoy contra la Municipalidad de La Plata. Fue el primer resultado de una larga batalla judicial que sirvió para poder sentar la jurisprudencia básica que, con posterioridad, se utilizó para condenar a distintos gobiernos por las arbitrariedades en el uso de la publicidad oficial. Tales fueron los casos de editorial Perfil, el diario Río Negro y Radiodifusora Pampeana, entre otros.

Ahora bien, pese a los avances significativos que se registraron en materia de libertad de expresión y derecho a la información en las últimas dos décadas, el intendente de La Plata, Julio Garro, parece estar viviendo en el siglo XIX. De forma flagrante, ha decidido desobedecer las sentencias definitivas y las distintas medidas cautelares que ordenan pautar publicitariamente en el diario Hoy y en la Red 92, que son los medios de comunicación más leídos y escuchados de la región. Estamos hablando, en algunos casos, de medidas judiciales que hasta fueron confirmadas por el máximo tribunal del país.

Cualquier ciudadano de a pie que incurriera en semejante desobediencia ante la Justicia seguramente no tardaría en sufrir en carne propia todo el peso de la ley. En el caso del intendente Garro, la situación es aún peor, porque está incurriendo, además, en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La recurrente desobediencia del alcalde no nos dejó otra alternativa que denunciarlo penalmente, y creemos que ya están dados todos los elementos para que, en el corto plazo, se lo cite a declaración indagatoria. En ese sentido, tal como lo establece la Ley Orgánica de Municipalidades, en caso de ser imputado, el Concejo Deliberante debería apartarlo de sus funciones.

¿Qué ha llevado al intendente Garro a cometer semejante desobediencia? Seguramente está molesto porque la Justicia ha condenado al Municipio a resarcir económicamente a la Red 92 por el enorme daño ocasionado a raíz de la discriminación publicitaria y se espera que en el corto plazo haya una sentencia similar a favor del diario Hoy. Ahora bien, en lugar de acatar las decisiones judiciales, el alcalde ha optado por agravar el daño, incurriendo en las mismas acciones por las cuales ya fue condenada la Comuna.

El jefe comunal parece tener la concepción de que con la pauta publicitaria se puede comprar silencio. Pretende utilizar esos recursos como mecanismo de extorsión para evitar que salgan a la luz las distintas investigaciones que muestran los groseros actos de corrupción que existen en su gobierno. Es más, Garro se está convirtiendo en un paria en el seno del propio Cambiemos, dado que tanto el Gobierno nacional como el provincial, que son de su mismo color político, cumplen con los criterios básicos de asignación publicitaria.

Tenemos la firme convicción de que con esta batalla judicial no solamente defendemos los intereses de la Red 92 y el diario Hoy. Estamos peleando para que se termine, de una vez por todas, con las arbitrariedades en los manejos de la publicidad oficial. Todos los fallos judiciales que hemos tenido a nuestro favor, como así también los que se vienen en el corto plazo, servirán como antecedente para ser tenidos en cuenta por cualquier medio de comunicación del país que sea víctima de las arbitrariedades de aquellos que circunstancialmente administran los recursos del Estado.