Estafa en IOMA: ¿se hará justicia?

La Cámara de Apelaciones resolverá hoy o la semana entrante si un imputado estrechamente vinculado a la conducción de UPCN seguirá tras las rejas hasta que sea sometido a juicio. Está acusado de falsificar y cobrar cheques a través de una “cueva” financiera relacionada con Carlos Zannini

La sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de La Plata decidirá, entre mañana y la semana próxima, si le concede la libertad a Waldo Edgardo Vera, exempleado administrativo de IOMA, sindicado como uno de los ejecutores de una operatoria millonaria para falsificar cheques y cobrarlos a través de una cueva financiera de Capital Federal. Vera estaría estrechamente vinculado con el secretario general de UPCN, Teodoro Carlos Quintana (ver aparte).

Según pudo saber Hoy, el abogado del imputado presentó un recurso de apelación ante la Cámara, luego de que el juez de Garantías, Juan Pablo Masi, le dictara la prisión preventiva. El exempleado de la obra social había sido detenido el 10 de mayo por la DDI de La Plata por pedido de la fiscalía de Delitos Complejos.

En caso de que los camaristas ratifiquen la prisión preventiva, Vera deberá esperar el juicio en una unidad penal, donde ya se encuentra, por el delito de “peculado” -es decir, malversación de fondos públicos-, por falsificar y quedarse, al menos, con dos cheques de $870.000, aunque tenía planeado cobrar un monto superior a los $6 millones.

Según la Asociación de Profesionales del IOMA, comandada por Idelmar Seillant, “Waldo Vera forma parte de las filas de UPCN y nosotros acusamos por la falsificación de cheques y el cobro de peajes dentro de la obra social. Él es solo una parte del entramado. Por encima, estaban Alejandro Fernández, ex Director General de Administración (DGA), y Bernardo Rodríguez, exdirector de Finanzas del IOMA, que reportaban directamente a La Scaleia”.

Según pudo saber Hoy, Rodríguez fue pasado a la planta permanente de personal del Instituto a través de la resolución Nº 2468 firmada por el entonces presidente del IOMA, Antonio La Scaleia, el 4 de diciembre pasado, a las 16. Es decir, menos de una semana antes del cambio de gobierno. Esta resolución también favoreció a otros funcionarios denunciados como Ana Paula Ruggiero, exdirectora general de Regiones. 

Las actuales autoridades de IOMA habrían dado de baja el pase a planta de estos exfuncionarios, pero se encontraron con que Rodríguez consiguió una medida a su favor de un Juzgado de Mar del Plata para no ser desplazado. Es decir, sigue formando parte del Instituto pese a que formó parte de una gestión que cosechó múltiples denuncias penales por el vaciamiento y el saqueo orquestado en la obra social.

Vera no es el único imputado en la causa que se investiga en Delitos Complejos. Junto a él figuran otros cuatro sujetos, todos ellos acusados de participación y encubrimiento. Se trata de Leandro Rodolfo Pulvirenti, Leonardo Alberto Araujo, Sergio Hernán Godoy  y Juan Carlos Moreira.

A principios de mayo, la Justicia local ordenó una serie de detenciones, luego de que efectivos de la DDI y de la fiscalía rastrearan los teléfonos de los acusados. Según el relato del fiscal, el 16 de abril último se depósito uno de los cheques, el cual se acreditó recién al día siguiente. Una vez que el Banco Nación lo acreditaba, la cueva financiera Propyme le pagaba al proveedor del mismo, en este caso Vera.

El titular de Propyme es Guillermo Greppi, quien se hizo tristemente célebre en el año 2014 cuando, a través de la intervención de Carlos Liussi, la mano derecha de Carlos Zannini en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, logró frenar un allanamiento en su local de Capital Federal que había sido ordenado por el polémico juez Norberto Oyarbide. El magistrado, que se jubiló en el mes de abril,  acató las ordenes de la Casa Rosada, que tenía como máxima autoridad a Cristina Kirchner. 

Cabe recordar que Zannini, además de ser considerado como uno de los principales operadores judiciales de CFK, fue el compañero de fórmula de Daniel Scioli en las últimas elecciones presidenciales.  

Los investigadores detectaron, en el segundo cobro, y a través de las antenas de los celulares, que hubo movimientos los días 22 y 23 de abril. A las 12 del 22, Vera estaba en la sede de IOMA y, un par de horas después, la celda (antena) se activó en la sede del Banco Nación de Avenida de Mayo. Eso no es todo: Vera tenía otros cuatro cheques sustraídos de IOMA para ser cobrados, pero no llegó a hacerlo a raíz de la investigación. El total de los mismos superaba los $6 millones. 

Ese dinero estaba destinado, en realidad, a la Asociación Marplatense de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Mar del Plata, a la cual la obra médico asistencial le pagaba por sus servicios. La plata nunca llegó a la asociación. Vera y Araujo se encargaban de realizar una maniobra a través de la financiera Propyme para poder cobrar ese dinero. En paralelo, por esos días, la “cueva” había sido allanada por orden de la Justicia nacional, así como la casa del financista Greppi, donde se encontraron 1.600.000 dólares y dos millones de pesos. 

Los imputados

Waldo Vera (40) y el resto de los acusados no solo se dedicaban a la falsificación y cobro de cheques de IOMA, sino que, además, tienen actividades empresariales en la Provincia de Buenos Aires. 

Waldo figuró como empleado de esa obra social desde junio de 2013 hasta abril de 2016, y está domiciliado en La Plata. Estaría vinculado a la conducción del gremio UPCN, que participa en el directorio de la obra social a través de Luis Pérez (vocal). 

A su vez, varios exfuncionarios vinculados a Carlos Quintana ocuparon direcciones estratégicas del instituto durante la presidencia del sciolista La Scaleia y actualmente se encuentran involucrados en cerca de veinte denuncias penales presentadas por profesionales del IOMA.

Alberto Araujo es hijo de un empresario que vive en un exclusivo country ubicado en la localidad de Canning. Se dedica al transporte urbano de carga y tiene, al menos, tres cheques rechazados en 2011 por falta de fondos.

Juan Carlos Moreira (52) fue detenido a mediados de mayo por la DDI de La Plata en la ciudad balnearia de Pinamar, luego de estar prófugo. Se trata de un empresario bonaerense, vinculado al transporte (combis y empresas de colectivos), cuya actividad comenzó a desarrollar un año antes de ser aprehendido. 

Leandro Rodolfo Pulvirenti (39) también está acusado de participar de las maniobras. Se dedica a “servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas”.