Estudian modificar miles de leyes bonaerenses que sancionó la Dictadura

En la provincia de Buenos Aires hay nada menos que 3.217 normas que están vigentes a pesar de haber sido sancionadas por distintos regímenes ­dictatoriales. Por eso, desde el 23 de marzo, víspera de un nuevo aniversario del golpe de Estado que le dio inicio a la última Dictadura cívico-militar que se extendió de 1976 a 1983, hay un proyecto en la Legislatura para dar de baja más de 2.000 de esas normas; 2.045, para ser exactos.

El proyecto es, por supuesto, resultado de un largo tiempo de trabajo, que estuvo a cargo de la Unidad de Reparación Histórica Legislativa (URHL), presidida por Marcelo Santillán, intendente del municipio de Adolfo Gonzales Chaves, y encargada, justamente, de analizar el impacto de cada uno de los decretos ley emitidos por los gobiernos de facto y la viabilidad de su derogación.

En el año en que se cumplen cuatro décadas de democracia, esta “limpieza” de normas era una deuda que la Argentina, y en particular la Provincia, tenía consigo mismas.

La URHL trabajó durante un año, sin ­presupuesto adicional (se conformó con empleados de la Cámara de Diputados provincial), en el análisis de las normas sancionadas por los gobiernos dictatoriales a partir de 1955. “Mi idea es declarar la provincia de Buenos Aires libre de normativas de facto”, explicó Santillán.

Además de los 2.045 que, según propone la URHL, ya están en condiciones de ser derogados, hay otro millar de decretos ley que aún faltan analizar, y 400 de ellos afectan directamente la vida de los ciudadanos de la Provincia, afirmó el presidente de la Unidad.

Por eso, se prevé que, tras la aprobación de la iniciativa, se produzca una segunda etapa que será plasmada en un nuevo ­proyecto que también se propondrá a la ­Legislatura.

A nivel país, y tal como lo informó diario Hoy en su edición del viernes, hay otro proyecto, presentado por el diputado Eduardo Valdés, del Frente de Todos (FdT), que propone revisar las leyes de la Dictadura en el ámbito nacional. En este caso, el trabajo de análisis de la normativa estaría a cargo de una comisión bicameral.

Una de cada diez leyes que están vigentes hoy fue aprobada fuera del marco democrático, afirmó el autor de la iniciativa.