Idas y vueltas por la búsqueda de petróleo frente a la costa bonaerense

No resulta nada nuevo leer en los matutinos que la Justicia Federal marplatense falla contra los intereses de la Provincia. No es la primera vez que sucede y tampoco será la última. Dentro de este historial de desencuentros, esta semana se dio uno más, por el que el gobernador no debe sentir ningún tipo de simpatía.

El año había comenzado con bombos y platillos ante la llegada de los permisos de exploración sísmica marina en busca de petróleo. Por ende, el deseo de Axel Kicillof de convertir a Buenos Aires en una provincia petrolera y sentarse en la mesa de los grandes, esa a la que solo asisten hoy 10 de las 24 jurisdicciones, estaba un paso más cerca.

Sin embargo, la titular de la Fiscalía Federal n°1 de Mar del Plata, Laura Mazzaferri, dictaminó en favor de conceder las medidas cautelares que solicitaban el cese y/o suspensión de las actividades de exploración sísmica, explotación petrolera y otros trabajos vinculados frente a las costas del partido de General Pueyrredón (que habían sido dispuestas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 900/21 y aprobadas por la Resolución n°436/21 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación) hasta tanto se realice una evaluación ambiental estratégica y se dé cumplimiento estricto de todas las previsiones normativas en materia ambiental, tanto a nivel nacional como internacional.

Las acciones de amparo presentadas remarcaban la potencial peligrosidad que produciría la prospección sísmica y la eventual explotación petrolífera frente a las costas de Mar del Plata, solicitando la suspensión de las actividades “hasta tanto se obtuviera la Declaración de Impacto Ambiental, garantizando el acceso a la información pública relacionada con esta actividad y la efectiva participación de la comunidad del partido de General Pueyrredón en el proceso de evaluación de impacto ambiental”.

Además se pedía que se diera intervención a las universidades de Mar del Plata, del Centro de la provincia de Buenos Aires, de La Plata y al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) para la elaboración de los informes sanitarios, técnicos, ambientales y de impacto.

La Organización de Ambientalistas Autoconvocados había interpuesto también un habeas corpus colectivo que fue rechazado por el juez de primera instancia, pero luego la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata ordenó reconducir la acción como un amparo, con intervención de la Justicia Federal civil. En su presentación, la ONG destacó “la amenaza actual e inminente sobre todos los ejemplares de ballena franca austral (…) por las emisiones sonoras perturbadoras que generarán las prospecciones sísmicas (bombardeo sonoro intensivo de alto impacto) sobre la cuenca norte del Mar Argentino”.

La fiscal Mazzaferri consideró que la resolución recurrida, que había autorizado las prospecciones sísmicas, se habría dictado sin la intervención de un organismo conforme la Ley de Parques y Monumentos Históricos (teniendo en cuenta el carácter de monumento natural de la ballena franca austral), a lo que se suma la alegada falta de debido acceso de todos los ciudadanos a los informes de impacto ambiental utilizados, marcando la necesidad de la realización de todos los estudios adecuados requeridos, por lo que solicitó que se hiciese lugar.

La funcionaria del Ministerio Publico Fiscal sostuvo que los reclamos atienden a la contaminación sonora de la actividad de exploración sísmica y a la falta de un estudio de impacto ambiental imparcial en relación con esta y la explotación.

De nada sirvieron los informes que hizo públicos el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas, que marcaban el incremento en los últimos 50 años en la población de ballenas en el sur argentino, donde sí hay explotaciones de este tipo, que además tuvieron repercusión en las actividades económicas de las zonas en las que se desarrollan.

A ellos se unió la Federación Argentina de la Ingeniería Civil (Fadic), que indica que dicha actividad se realiza bajo todos los protocolos de sostenibilidad ambiental e implicará para el país una inversión millonaria y la creación de 65.000 empleos genuinos, y de forma directa.

En este marco, habrá que ver si la medida es apelada o si, por el contrario, se avanzará con los estudios de impacto ambiental, para finalmente saber si Buenos Aires puede seguir su objetivo de convertirse en una provincia productora de petróleo.