Inflación para todos, gas para pocos

Más de 15 millones de personas deben utilizar las garrafas para cocinar y calefaccionar sus hogares. Los precios duplican los valores de las tarifas del servicio de red. La profunda crisis energética detrás de la problemática

La falta de infraestructura y la crisis energética se conjugan para que casi la mitad de la población deba acudir diariamente a la utilización del gas embasado, ya sea para cocinar como para calefaccionar su hogar.

“Los sectores sociales más pobres pagan el gas más caros. Hoy los usuarios tienen que pagar el metro cúbico de gas licuado varias veces más caro que el gas natural”, indicó a Hoy el presidente de Consumidores Libres, Héctor Polino.

Por ejemplo, un vecino de algunos de los barrios periféricos de la ciudad  que decida enfrentar las bajas temperaturas deberá abonar por la recarga de una garrafa de 10 kilos alrededor de $38, la cual en una familia de no más de cuatro inte­gran­­tes llega a durar 15 días. En contraposición, la misma cantidad de personas pero incorporadas a la red de suministro pagan cerca de $70 bimensuales, lo que equivale a $35 mensuales promedio. De ahí que los sectores más relegados de la sociedad deben pagar más del 100% en consumo de gas que los sectores que poseen acceso al servicio de red.

“En el país, con gran foco en el gran Buenos Aires, casi el 40% de la población no tiene gas natural”, aseguró a este medio Fernando Blanco Muiño, presidente de la Unión de Consumidores de Argentina (UCA).

La crisis energética, una de las principales causas

Pese a que en la época más crítica del neoliberalismo el país llegó a exportar combustibles, en la actualidad se  debe importar más del 23% del gas que se consume. Los oferentes más recurrentes son principalmente Bolivia (a través de los gasoductos) y destinos tan remotos como Trinidad y Tobago (a través del transporte marítimo). De hecho, durante 2012, y con la producción local retrocediendo un 3,1%, el país debió importar gas por 4697,8 millones de dólares.

La creciente importación en el rubro energético reorientó las inversiones con una matriz transnacional, por lo que en los últimos años han avanzado a pasos agigantados la construcción de gasoductos hacia Bolivia en detrimento de la extensión de las redes para el consumo interno.

“Las empresas no hicieron las inversiones para universalizar el servicio del gas natural, se quedaron con las redes que habían sido construidas durante la gestión de Gas del Estado. Cuando se privatizó Gas del Estado había un sólo gasoducto de importación y hoy hay siete. Prefirieron invertir para traer gas que para extender las redes”, concluyó Polino.

El kirchnerismo y su boicot legislativo

La posición del gobierno no es indiferente a la problemática. No sólo ha cumplido un rol impotente ante la situación, sino que ha obstaculizado desde el Congreso los distintos proyectos de ley que permitirían aliviar los costos de la garrafa.

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“No ha habido obra nueva respecto a la ampliación de la red domiciliaria de gas. Como entidad defensora nuestro planteo siempre ha sido que se defina a la garrafa social como un servicio público, pero  el congreso por decisión mayoritaria del oficialismo no permitió que el proyecto se pudiera llevar a cabo”, advirtió Fernando Blanco Muiño de la Unión de Consumidores de Argentina. Además sostuvo que  el “proyecto social presentado le da la misma jerarquía al gas embasado que el gas natural”, por lo cual el estado podría “controlar las tarifas”.

La negación del kirchnerismo tiene fundamento concreto en la crisis energética, ya que en el caso hipotético de que el gobierno intentara  garantizar que el 40% de la población discriminada accediera integralmente al consumo de gas se generaría una mayor demanda del combustibles, que en la actualidad debe importarse, por lo que se acrecentaría el desfasaje en la balance comercial energético.

En ese marco, y ante la escasez de dólares es poco probable que el gobierno apueste a garantizar un mayor consumo de gas doméstico, ya que no tendría otra opción que avanzar en un proceso de reindustrialización de YPF o sacrificar nuevas divisas en la compra de combustibles (en el caso del gas paga 17 dólares por millón de BTU para las cargas en barcos y 11 dólares a través de los gasoductos).
 

El fracaso de la garrafa social

Sin la menor expectativa de extender las redes de gas natural, el gobierno impulsó el proyecto de la garrafa social, la cual en teoría permitiría un acceso a las garrafas a un bajo costo.  Lo cierto es que los puntos de ventas son casi inexistentes, y en la mayoría de los casos no se vende a los $16 estipulados sino a un monto que mayor a los $35.
“La garrafa social no se consigue. El año pasado se conseguía en muy pocos lugares a los precios fijados”, sostuvo Polino (foto).