Kicillof redobla la ofensiva judicial contra Nación

"Vamos a seguir reclamando los fondos que nos quitaron ilegalmente”. La advertencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se replica en todos los actos del mandatario a lo largo y ancho del territorio provincial y tiene su correlato en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Tras presentar tres demandas ante el máximo tribunal por la quita del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), el de Fortalecimiento Fiscal y el Fondo Compensador al Transporte Público de Pasajeros por automotor urbano y suburbano en el interior por unos 90.000 millones de pesos, el gobernador hará otra presentación. Esta vez por fondos relacionados con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Se espera que la presentación se en los próximos días con patrocinio de la Fiscalía del Estado, en una muestra de la intención de la Provincia de no ceder la batalla en el plano judicial más allá de que el tribunal supremo ya rechazó un recurso promovido por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

“No nos parece que la judicialización sea el camino”, habían especificado desde la Corte. “Si la política no resuelve estos temas, la Justicia lo resolverá en un tiempo razonable. No nos parece que la judicialización sea el camino”, advirtió el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

En respuesta a los dichos del magistrado, Kicillof subrayó que “es la Corte Suprema la que tiene que resolver en conflictos entre provincia y Nación, porque en este caso no lo puede resolver la ­política”. Y sumó: “Todo aquello que no corresponde que el Gobierno nacional se apropie de las provincias hay que discutirlo en la Corte Suprema”.

Este nuevo capítulo del conflicto judicial entre la provincia de Buenos Aires y la Nación abre un panorama político cada vez más desa­fiante en medio de un contexto de total incertidumbre económica y social que atraviesa el país, además de que cualquier fallo podría hacer eco en el resto de las provincias que trasladaron sus reclamos por cortes de fondos al plano judicial.