Concluido el período de indagatorias, el juez que lleva el expediente debe ahora decidir hasta dónde avanzar. La cadena de responsabilidades políticas lleva directamente a Mauricio Macri. Bullrich, Vidal y el propio expresidente podrían ser citados e imputados. El papel de la AFI.
25/04/2022 - 00:00hs
Ya pasaron casi cuatro meses del cimbronazo que conmovió al mundo político, cuando a fines de diciembre del año pasado se conoció la existencia de una mesa judicial antisindical que funcionó durante el gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y de Mauricio Macri en la Nación. Ahora, concluida la fase de indagatorias dispuestas por el juez que lleva adelante la causa, esta entra en otra etapa clave: aquella en la que corresponde avanzar en las responsabilidades políticas de lo que se dio en llamar “Gestapo antisindical”.
En ese marco, si el magistrado federal Ernesto Kreplak es consecuente con las evidencias que aparecieron a lo largo de la investigación, debería considerar el procesamiento de altas figuras de aquel gobierno. Tan altas como el propio Macri, quien, imputado ya en otras causas por espionaje interno (claramente ilegal) durante su administración, fue también aquí el máximo responsable político.
En efecto, tal como lo revelaba diario Hoy en su edición del 7 de marzo, la “Gestapo antisindical” no empezó con Marcelo Villegas, ministro de Trabajo de la administración de Vidal; ni siquiera con la misma Vidal. Empezó con Macri, quien en una reunión en la Casa Rosada (de la que participaron importantes funcionarios de su gobierno) dio la orden de poner en manos de la Agencia Federal de Inteligencia, por entonces a cargo de Gustavo Arribas, el hostigamiento a gremialistas de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), cuyos reclamos dificultaban el avance de obras ferroviarias y viales.
En aquel encuentro estuvieron presentes el propio Arribas (quien también está imputado en múltiples causas por espionaje ilegal durante el macrismo) y figuras encumbradas del gobierno de Macri, como la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y Germán Garavano, quien ocupaba la cartera de Justicia. También Guillermo Dietrich, a la sazón ministro de Transporte, y Jorge Triaca, quien encabezaba el Ministerio de Trabajo. Y por último, pero no menos importante, Villegas, quien un mes después encabezaría la reunión secreta de la “Gestapo” (ver nota aparte en esta misma página).
“Desde ahora, el que queda a cargo de coordinar esto es Gustavo”, dijo Macri en aquella ocasión, y parece que así fue, porque hubo tres funcionarios de la AFI presentes en la sede porteña del Banco Provincia (cuando Villegas esbozó el método para armar causas contra gremialistas) y además la AFI filmó secretamente el contenido de ese cónclave, quizás como reaseguro.
Entre quienes estaban presentes en la reunión inicial, Macri y Bullrich son los dos personajes que aún conservan la mayor cuota de poder. El expresidente es una influencia constante en la interna del frente opositor Juntos, mientras que su exministra (también exfuncionaria de la Alianza, por cierto) actualmente preside el PRO, el partido que fundó Macri y que constituye la principal fuerza de Juntos.
Según los mismos criterios que utilizó para imputar a los participantes de la reunión de la mesa judicial antisindical en el Bapro, el juez Kreplak podría avanzar en imputaciones contra Macri, Bullrich, Arribas, Garavano y Dietrich, sin olvidar a Vidal, de quien es difícil pensar que no estuviera al tanto del funcionamiento de una estructura ilegal de la que participaban ministros de su gobierno, para perseguir a personajes que ella misma consignaba en declaraciones públicas como indeseables y mafiosos.
Un último personaje que hasta ahora no fue imputado ni citado, pero contra quien apuntan fuertes evidencias, es el procurador general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte Grand (ver nota en página 5). El magistrado que lleva la causa podría, también, avanzar en un procesamiento por su presunta participación en la mesa antisindical.
El video que disparó todo
Hace ya casi cuatro meses que la revelación sacudió el mundo político. Había aparecido en las arcas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) un video que dejaba mal parados a altísimos funcionarios del gabinete de María Eugenia Vidal y que confirmaba lo que diario Hoy había anticipado meses antes (ver nota en página 5): que el gobierno se proponía destruir a los sindicatos, fuera como fuera.
En aquel video, filmado por la propia AFI durante el macrismo, se registra una reunión secreta en la sede porteña del Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro), en junio de 2017, en la cual el entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, instruye a empresarios platenses sobre la forma de armar causas por extorsión contra gremialistas del sector de la construcción. Lo acompañaban otros ministros, un viceministro, un senador, un intendente y tres espías de la AFI. Todos quedaron imputados.
A partir de entonces, ya nada fue lo mismo.