Productores que sí, productores que no

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, habilitó la circulación y la protesta de miles de tractores en Plaza de Mayo bajo la justificación del respeto a la movilización popular, razonamiento que por lo visto únicamente aplica cuando se trata de sectores afines a Juntos por el Cambio.

El 17 de febrero de 2019, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires reprimió con gases lacrimógenos y balas de goma a pequeños productores pertenecientes a la Unión de Trabajadores de la Tierra que, “armados” con cajones de verduras, pretendían realizar una protesta vendiendo sus productos directamente al consumidor.

En ese momento, a pesar de las amenazas del gobierno y de su insistencia en la negativa de autorizar la protesta, los productores se hicieron presentes en Plaza Constitución con el objetivo de instalar los gazebos y dar inicio al “verdurazo”. En ese momento, y cuando ya algunos vecinos de la zona cargaban sus bolsas con mercadería recién comprada, los uniformados rodearon los cajones con frutas y verduras. Ante la exigencia de los manifestantes para que les devolvieran sus producciones, avanzaron sobre ellos arrojándoles gases lacrimógenos. Los trabajadores reaccionaron lanzando berenjenas, plantas de lechuga y tomates, y la respuesta que recibieron fue inmediata: disparos con balas de goma contra ellos, contra los vecinos y contra los trabajadores de prensa que se habían acercado para cubrir la actividad.

Queda claro entonces que para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hay productores que sí y productores que no, según el color de la convocatoria.

Desde que gobierna Alberto Fernández se tomaron múltiples medidas de estímulo a la producción rural, como la quita de retenciones a numerosas economías regionales, el lanzamiento del Plan Ganadero, con créditos subsidiados por 100.000 millones de pesos, asistencia creciente por emergencias climáticas, aportes especiales para la actividad caprina y ovina, derechos de exportación diferenciados para sectores que aportan valor agregado y un abanico de programas específicos para producciones de distintas provincias. También aguarda tratamiento en el Congreso un proyecto de ley del Poder Ejecutivo para la agroindustria, pactado con el Consejo Agroindustrial, el mismo que ahora se opone al cobro de un impuesto por las rentas extraordinarias.

Los piquetes de la abundancia contrastan especialmente con la realidad de las mayorías populares, sacudidas por la estampida inflacionaria, el atraso de los salarios y la incertidumbre por la evolución de sus ingresos, con mucha menos espalda para aguantar que sectores empresarios del campo, los cuales disfrutan de ganancias récords.