La Corte podría definir el financiamiento universitario

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) quedó en condiciones de resolver la causa judicial por el incumplimiento por parte del gobierno de Javier Milei de la Ley de Financiamiento Universitario. Tras la masiva marcha de este martes, crecen las expectativas que el máximo tribunal resuelva este jueves cuando se vuelva a reunir.

El conflicto gira alrededor de la aplicación de la norma. La misma fue aprobada por el Congreso en agosto de 2025, vetada por el Presidente, y ratificada por más de dos tercios de ambas cámaras en octubre. Pese a ello, el Ejecutivo nacional no la aplicó porque sostiene que la ley no define con precisión de qué partidas deben salir los fondos. No obstante, la normativa aclara que el Gobierno debe reacomodar partidas presupuestarias para cumplir la ley cuyo impacto fiscal, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, es de tan solo 0,23%.

En este contexto, el Consejo Superior de UBA solicitó de manera formal a la CSJN que “se expida a la mayor brevedad” sobre la causa judicial.

La misma fue iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que promovió una medida cautelar que obtuvo fallos favorables en primera y segunda instancia. En respuesta, el Gobierno presentó un recurso extraordinario ante la CSJN.

Paralelamente, las universidades impulsan un incidente de ejecución de sentencia en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para que se liberen las transferencias pendientes. Hasta que la Corte no resuelva el recurso extraordinario, la ejecución de la ley permanece suspendida y el Ejecutivo no está obligado a realizar las erogaciones correspondientes.

En este tipo de expedientes la Corte no necesita girar el caso al Ministerio Público Fiscal para que emita opinión, aunque puede requerirla. Tampoco existen plazos establecidos para que el máximo tribunal dicte sentencia: puede tardar unos días, unos meses o tenerla cajoneada años.

Según trascendió, el máximo tribunal podría rechazar el recurso sin ingresar al fondo de la cuestión mediante la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Si adopta esa postura, quedará firme la sentencia de Cámara que obliga al Gobierno a transferir los fondos.

¿Qué dice la ley?

La ley dispone actualizar las partidas presupuestarias destinadas al funcionamiento universitario, a los hospitales universitarios, a ciencia y tecnología, y a extensión universitaria. Para ello, toma como punto de referencia el 1° de enero de 2025 para aplicar la inflación acumulada correspondiente a fine de 2023 y todo el 2024. Prevé además actualizaciones bimestrales de esas partidas según la inflación.

La iniciativa también incluye una recomposición salarial para docentes y no docentes que contempla el período comprendido entre diciembre de 2023 y la fecha de sanción de la ley, calculada sobre la base de la inflación acumulada en ese lapso. A partir de entonces, los salarios deberían actualizarse de forma mensual.