La denuncia de represión frente al Congreso llegó a la CIDH

En los últimos días, el CELS impulsó una fuerte denuncia a raíz de los hechos de violencia que se dieron el pasado viernes fuera del Congreso tras la aprobación en general de la ley ómnibus. Según informaron, la acusación llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

De esta manera, emitieron un comunicado titulado: La democracia se cuida dentro y fuera del congreso y allí señalaron que “el operativo policial desplegado frente al Congreso, mientras este sesionaba, fue violento y desmesurado, por fuera de la normativa vigente de actuación ante manifestaciones”.

“Fue organizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, con un despliegue desmedido de distintas fuerzas que causaron heridas por balas de goma, gases irritantes con una capacidad de daño sin precedentes y golpes de tonfas”, agregaron.

Por otro lado, indicaron: “En una regresión histórica, hubo policías con armas de fuego, algo que se había evitado en todos los gobiernos hace más de 20 años. La policía intimidó a personas mayores, dejó una treintena de periodistas con heridas de diversa gravedad, atacó a defensores y defensoras de derechos humanos y a manifestantes de distintos sectores políticos. Amedrentando la libertad de expresión y de manifestación, avanzó en las calles, en las veredas y en la plaza”.

“Dentro del Congreso, se transgrede el reglamento: transcurren las jornadas de debate sobre un dictamen que no se conoce, que se está escribiendo por fuera de las comisiones a medida que avanzan las sesiones. Estas irregularidades, de cara a la sociedad, deterioran la institucionalidad. Además, tal como están expresadas en el proyecto de ley, las facultades delegadas que solicita el Poder Ejecutivo podrían impactar en una parálisis legislativa y en márgenes ampliados de arbitrariedad dada la forma vaga, general e inasible en la que están expresadas”, continúa el texto.

Ya en el tramo final de la denuncia, que lleva la firma de diferentes organizaciones, el CELS indicó que “las condiciones democráticas del debate y la convivencia están hoy profundamente tensionadas y enrarecidas. Mientras las y los legisladores debaten en tiempo récord el destino del país y sus recursos económicos y naturales, las y los más altos funcionarios publican mensajes que festejan y alientan la violencia policial y de grupos particulares”, cerraron.