La denuncia del espionaje ilegal a la cárcel de Ezeiza llegó a la ONU

Una nueva denuncia ante la ONU muestra las imágenes de los seguimientos a los presos que se realizaba desde el programa para la “recuperación de corruptos” creado por el gobierno de Cambiemos con el pomposo nombre de “Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad”.

Tal como contaba diario Hoy en la edición de ayer, con el amparo de una causa judicial que investigaba al narco Mario Segovia, se instalaron dispositivos para filmar y fotografiar a los detenidos en tres pabellones del módulo 6 de la cárcel de Ezeiza.

El abogado del exvicepresidente Amado Boudou, Alejandro Rúa, amplió en estas últimas horas una presentación que había realizado ante el relator especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, por el espionaje ilegal a los detenidos durante el macrismo.

El nuevo escrito adjunta fotos que dan cuenta de cómo se espiaban a las personas privadas de su libertad. El texto está basado en el expediente donde se investiga a los “Super Mario Bros” y asegura: “La inteligencia penitenciaria utilizó elementos ocultos de filmación o toma de imágenes para la vigilancia electrónica por medios fílmicos con audio en ese penal”.

En una de las fotos está Segovia escribiendo en la sala de visitas. En la otra imagen se ve cómo la cámara captó con zoom qué era lo que el “Rey de la Efedrina” había escrito. La tercera fotografía, que ya está en manos del relator de la ONU, fue captada en uno de los espacios comunes, donde se puede ver a varios de los detenidos.

“La naturaleza de las imágenes obtenidas ilustra la gravedad de cuanto se denuncia” y el tenor de “las actividades de inteligencia y/o espionaje que habrían llevado a cabo, principalmente, agentes de la Agencia Federal de Inteligencia y del Servicio Penitenciario Federal, en violación a la Ley Nacional 25.520, en distintos períodos y abarcando diversas jurisdicciones”, afirma la denuncia.

Las fotos fueron tomadas con una orden del juez de Lomas de Zamora, Federico Villena, quien investigaba si Segovia seguía manejando los hilos del narcotráfico desde la cárcel y si tenía un plan de fuga. Sin embargo, bajo ese paraguas legal se espió a la mayoría de los “exfuncionarios K” y empresarios que, sorpresivamente, empezaron a tener a varios narcos de compañeros de pabellón.

Además del “alambrado”, los nueve teléfonos públicos de los pabellones donde funcionaba el programa de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad (IRIC) habían sido intervenidos. Tras ello, algunas de las conversaciones de los detenidos con sus familiares y con sus abogados fueron filtradas a los medios de comunicación, como en el caso del programa del ahora investigado periodista Luis Majul. Esto fue totalmente violatorio del derecho a la intimidad y a la defensa.

“Tamaña afectación a la tarea de los abogados no tiene precedentes en la historia de nuestro país desde la restauración democrática”, sostiene la denuncia. Rúa le solicitó la intervención a la Relatoría de la ONU “para que reclame del Estado argentino toda la información necesaria”, que se ordene “la destrucción de los registros de las comunicaciones amparadas por la confidencialidad” y que “se promueva y respalde la investigación para dar con los responsables”.

Además, Rúa reclamó ante el juzgado de Juan Pablo Auge el acceso a todas las actuaciones del expediente por el espionaje ilegal que estén relacionadas a los seguimientos clandestinos dentro de la cárcel. Actos que forman parte de las maniobras de -en palabras de la Justicia- la “organización criminal enquistada en el Estado” durante el macrismo.