La Iglesia profundiza sus críticas al Gobierno nacional

La Iglesia Católica argentina volvió a tensar su vínculo con el Gobierno nacional al profundizar las críticas contra la política migratoria vigente. El Encuentro Nacional de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes difundió un documento en el que advierte que las reformas impulsadas por la Casa Rosada generan vulnerabilidad y temor de expulsión entre quienes buscan regularizar su situación en el país. Según el organismo, la incertidumbre en los trámites y los cambios constantes en la materia, obstaculizan el acceso a derechos básicos como identidad, salud, educación y trabajo digno.

Los representantes eclesiales también señalaron un aumento de rechazos infundados en las fronteras y cuestionaron operativos de control que, a su entender, responden más a estrategias de comunicación política que a la garantía de derechos. En paralelo, remarcaron que las familias migrantes enfrentan crecientes dificultades para acceder a servicios de salud y empleo, agravadas en sectores productivos como el hidrocarburífero y el portuario, donde se multiplican los abusos laborales.

Ante este escenario, la Iglesia asumió el compromiso de fortalecer planes de acompañamiento que transformen a las comunidades en espacios integrales de protección y encuentro. En esa línea, subrayaron que los migrantes deben ser reconocidos como personas que enriquecen la vida social y no como una carga.

Cabe recordar que, en el Tedeum del 25 de mayo celebrado en la Catedral Metropolitana, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, había reclamado respeto por la diversidad y exhortado a construir una sociedad que dialogue como una gran familia.

El documento eclesiástico no solo advierte sobre la vulnerabilidad de los migrantes, también deja en evidencia que el Gobierno nacional convierte la política migratoria en un instrumento de ajuste y disciplinamiento social. La insistencia en controles y reformas que generan miedo antes que derechos, revela una estrategia más orientada a la confrontación política que a la protección de las personas, lo que abre un nuevo frente de cuestionamiento sobre el rumbo elegido por la administración del presidente Javier Milei.