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Un juzgado federal le otorgó un plazo de diez días al Gobierno nacional para cumplir con la norma aprobada y ratificada por el Congreso.
21/01/2026 - 00:00hs
El gobierno de Javier Milei sufrió un nuevo revés judicial por la situación de las personas con discapacidad. El Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, intimó al Estado nacional a acreditar en un plazo de diez días hábiles avances concretos en la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. De no hacerlo, multará a funcionarios.
La decisión del magistrado es una respuesta ante el amparo colectivo presentados por familiares de personas con discapacidad. Pese a que la norma fue aprobada por el Congreso el año pasado y ratificada por ambas Cámaras ante el veto presidencial, la administración libertaria no cumplió con lo que establece la ley.
En este sentido, González Charvay advirtió que ya no aceptará informes genéricos basados en “evaluaciones”, “análisis” o “proyectos”, sino en constancias concretas que demuestren avances efectivos.
A su vez, la intimación judicial incluye un apercibimiento. En caso de incumplimiento, podrían aplicarse sanciones, entre ellas, multas a los responsables de su no aplicación. A esto se suma un dato técnico: aunque el Estado apeló la resolución, el recurso fue concedido con “efecto devolutivo”. Esto implica que la apelación no suspende la obligación de cumplir de manera inmediata con lo ordenado por el juez.
En el expediente N°44035/2025 intervienen también la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Asesora de Menores, lo que refuerza el carácter colectivo y el interés público del reclamo.
Para que el cumplimiento sea considerado válido, la Justicia exige la presentación de una serie de medidas clave. Entre ellas, la resolución que actualiza los aranceles a los centros prestadores con vigencia desde enero de 2025; el plan de pago de la compensación adeudada; la apertura del plan ARCA para la refinanciación de deudas; y el decreto reglamentario de la Ley de Emergencia, que registra un retraso de tres meses.
El juzgado fijó además un plazo fatal para la plena ejecución de la ley. El 4 de febrero de 2026 la norma deberá encontrarse completamente operativa.