La polémica por los créditos del Nación llegó a tribunales

La tensión política escaló con la apertura de la primera causa penal vinculada a los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores del oficialismo. El expediente quedó en manos del juez federal Daniel Rafecas, quien recibió la denuncia del abogado Alejandro Díaz Pascual contra Daniel Tillard, expresidente de la entidad, y Juan Ernesto Curuchet, superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central. La presentación apunta a delitos de defraudación, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.

En paralelo, otra denuncia recayó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti. La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, acompañada por el socialista Esteban Paulón, amplió el alcance hacia beneficiarios directos de los préstamos. Entre ellos figuran Emiliano Mongilardi, director de YPF, Federico Furiase, secretario de Finanzas, Pedro Inchauspe, miembro del Banco Central, Pedro Núñez, del BICE, y legisladores como Mariano Campero, Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovanni.

Los nombres y los montos

Como bien informó diario Hoy en ediciones anteriores, la lista de beneficiarios incluye cifras que alimentaron la polémica. Furiase accedió a un crédito de 276 mil dólares, Mongilardi superó los 200 mil y Carreira, del área de comunicación, obtuvo 77 mil. Diputados oficialistas recibieron préstamos que oscilaron entre 145 mil y 240 mil dólares. Para la diputada Frade, la operatoria podría configurar tráfico de influencias e incompatibilidades, especialmente en funcionarios del Ministerio de Economía que controlaban la entidad mientras recibían beneficios. La diputada advirtió que la Ley de Ética Pública corre riesgo de convertirse en letra muerta y reclamó que el Código Penal analice las condiciones de otorgamiento.

Paulón, por su parte, presentó un proyecto legislativo para indagar si existieron privilegios en el acceso al crédito y si la Sigen cumplió con su rol de control. La oposición busca determinar si hubo trato diferencial hacia personas políticamente expuestas y si se vulneraron principios de transparencia.

La defensa del Banco Nación

Las autoridades del banco respondieron que los préstamos se aprobaron bajo los requisitos habituales y que se aplicó el mismo sistema de scoring para todos los clientes. Argumentaron que la operatoria se justificó en la administración de las cuentas sueldo estatales y que no hubo excepciones.

Sin embargo, la controversia se profundizó cuando se conoció el caso de un funcionario judicial de Santa Fe de 70 años que recibió un crédito hipotecario, situación que generó dudas sobre la aplicación de criterios uniformes. La indignación social se multiplicó con nuevas informaciones comenzaron a circular y alimentaron la sospecha de irregularidades.

La investigación deberá esclarecer si los créditos fueron otorgados conforme a la normativa vigente o si se trató de un mecanismo que favoreció a dirigentes en detrimento de la igualdad de acceso. Mientras tanto, la tensión entre oficialismo y oposición se profundiza y la Justicia se prepara para analizar cada detalle de una operatoria que ya dejó expuesta la fragilidad de los controles institucionales.