La represión a jubilados fue la más violenta desde el 2001

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) publicó un informe en el cual analizó en detalle el operativo de seguridad desplegado por Patricia Bullrich durante la marcha de jubilados e hinchas. La conclusión fue contundente: con 672 heridos, fue la represión más violenta desde 2001. Además, destacaron que entre los heridos hubo periodistas, defensores de derechos humanos, personas de la tercera edad, jubilados, mujeres y jóvenes.

El organismo denunció que está en curso la instalación de un “régimen autoritario que niega los derechos constitucionales”. Como sustento, aportó que hubo un total de 1000 agentes de todas las fuerzas de seguridad destinados a poner en funcionamiento el operativo policial, quienes realizaron miles de disparos con postas de goma, utilizaron decenas de granadas de gas lacrimógeno y que dispararon gas pimienta. Agregó que al menos cuatro carros hidrantes rociaron de agua a cientos de personas durante ese tiempo, y “decenas” padecieron golpes con “tonfas, puños y escudos”.

Además, remarcó que, si bien la movilización estaba convocada para las 17, la represión empezó a las 15:15, mucho antes de que pudiera armarse la marcha. Según la Comisión, fue clara la intención de “impedir la concentración”. “Los manifestantes se habían acercado a la plaza de manera pacífica”, contrarrestó.

Sobre el caso del periodista Pablo Grillo, la entidad expresó: “Los agentes dispararon de manera directa contra los manifestantes sin respetar los protocolos establecidos”.

En cuanto a los 114 detenidos, la CPM reveló que se encontraba un niño de 12 años y varias personas que circulaban por el lugar sin vinculación con la manifestación.

En esta misma línea, el informe aseguró que la resolución de la jueza Karina Andrade, que liberó a los detenidos, tiene una enorme relevancia. “El Poder Judicial cumple, como no lo hizo desde la aplicación del Protocolo Antipiquetes, con su función de controlar el cumplimiento de las garantías constitucionales”, aseveró.

La Comisión también pidió que se investigue la presencia de infiltrados o hechos como el agente policial que planta un arma o el patrullero que apareció abierto sin policías para que luego un par de personas encapuchas lo prendan fuego.