Las economías populares, en la agenda de Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto al ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, suscribieron un acuerdo que permitirá formalizar y garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular.

“Firmamos el convenio para incorporar el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Renatep) en la provincia de Buenos Aires, a los efectos de contener a un universo de trabajadores que no están enmarcados en el mercado laboral en términos formales, pero que realizan tareas muy valiosas”, explicó el ministro de Desarrollo de la Comunidad Bonaerense, Andrés Larroque, quien agregó también que “el Estado debe acompañarlos simplificando los trámites y los aspectos fiscales, y ayudando también con la comercialización de los productos que elaboran”.

Arroyo, por su parte, indicó que “estamos convencidos de que la reconstrucción viene por el lado del trabajo. Por eso este acuerdo que hoy firmamos con la provincia de Buenos Aires es muy importante”, y señaló también que “en el Renatep que pusimos en marcha en julio ya hay más de un millón de inscriptos, de los cuales 350.000 son bonaerenses. Esto implica que en la Provincia hay 350.000 hombres y mujeres que pasaron a ser monotributistas sociales, que tienen factura, que pueden acceder a crédito no bancario y recibir capacitación, es decir, un conjunto de herramientas que les permiten potenciar su trabajo”.

La inscripción brinda la posibilidad de recibir capacitaciones y otorga beneficios legales y fiscales, como la incorporación en el monotributo social y facilitar el acceso a créditos productivos a tasas preferenciales y beneficios comerciales en ferias populares, y en el marco de los programas Compre Estatal y Compre Social.

La provincia de Buenos Aires cuenta con 350.240 inscriptos en el registro, que son trabajadores de distintas ramas productivas, como la agricultura familiar y campesina; el comercio popular y trabajos en espacios públicos; la construcción, infraestructura social y mejoramiento ambiental; industria manufacturera, recuperación, reciclado y servicios ambientales; servicios personales y otros oficios; servicios sociocomunitarios; y transporte y almacenamiento.

En la reunión también se analizó la implementación de una segunda línea de trabajo que incluye la urbanización de barrios populares y asentamientos a partir del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), que permitirá llevar a cabo “acciones para que los ciudadanos accedan a servicios y mejoras que les den una mayor calidad de vida. Esto no solo es un derecho, sino también un gran generador de trabajo”, concluyó Arroyo.