Legisladores bonaerenses rechazan reforma de Ley de Glaciares

La reciente modificación de la Ley de Glaciares aprobada en la Cámara de Diputados de la Nación generó un fuerte rechazo entre legisladores bonaerenses del peronismo y la izquierda. Los dirigentes cuestionaron el alcance de la reforma impulsada por La Libertad Avanza y advirtieron que la iniciativa pone en riesgo las reservas de agua del país, además de habilitar un avance de empresas extranjeras sobre bienes comunes naturales.

En este contexto, la diputada Mayra Mendoza expresó su rechazo y recordó que la normativa sancionada en 2010 durante la presidencia de Cristina Kirchner, buscaba garantizar la protección de los glaciares. Asimismo, señaló que la iniciativa oficialista abre la puerta a actividades mineras que podrían afectar y contaminar fuentes de agua. En la misma línea, la senadora Mónica Macha denunció que la reforma responde a intereses externos y acusó al Gobierno de entregar recursos naturales en beneficio de actores internacionales.

Por su parte, la legisladora Laura Clark subrayó que el país cuenta con más de dieciséis mil glaciares a lo largo de la cordillera y alertó que su afectación tendría consecuencias ambientales, sociales y económicas irreversibles. “Un glaciar no se recupera. Cuando se afecta una fuente de agua, el impacto no es solo ambiental, también es económico, social y humano”, sostuvo.

Críticas al oficialismo y la oposición

Christian Castillo, referente del Frente de Izquierda, criticó a sectores de la oposición que facilitaron el quórum y advirtió que deberán asumir el costo político de esa decisión. Señaló que parte del peronismo ligado a los gobernadores de Catamarca y Tucumán acompañó la iniciativa, lo que permitió su tratamiento.

Riesgo ambiental y judicialización

Los legisladores coincidieron en que la reforma configura un retroceso en materia de soberanía y protección ambiental. Remarcaron que la modificación amenaza el futuro de las reservas de agua y la sustentabilidad del país, mientras organizaciones sociales y ambientales ya impulsan acciones judiciales para exigir su anulación.

El rechazo bonaerense sintetiza una advertencia más amplia: la reforma no solo expone a los glaciares a la presión de intereses extractivistas, sino que también compromete la seguridad hídrica y el equilibrio ecológico de la Argentina.