El viernes Diputados aprobó en general un proyecto en el que el Ejecutivo metió mano hasta el último segundo para intentar que pase. Uno por uno, los puntos que se suprimieron, los que quedaron y la disputa que empezará el martes.
04/02/2024 - 00:00hs
La Cámara de Diputados protagonizó, al cierre de esta semana, una de las discusiones más extensas de la historia. Con negociaciones a toda hora, disturbios dentro y fuera del recinto y múltiples incógnitas sobre lo que se votó, los legisladores aprobaron en general la Ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” que, a partir del martes, se discutirá artículo por artículo en otro episodio que será políticamente apasionante.
El 27 de diciembre del año pasado, el Presidente Javier Milei envió al Congreso un paquete de leyes que contemplaba un fuerte ajuste sobre el Estado, múltiples reformas económicas y laborales, y un enorme listado de delegación de facultades al Poder Ejecutivo. La resistencia de los distintos bloques opositores sobre distintos puntos obligó a la Casa Rosada a meter mano sobre el proyecto original para lograr que este sea avalado por el Parlamento.
Tras semanas de negociaciones, el pasado viernes los diputados aprobaron por 144 votos a favor y 109 en contra un proyecto con decenas de artículos menos en comparación con el texto original. Una de las decisiones claves fue la quita del paquete fiscal que incluía los puntos vinculados al blanqueo, la moratoria, el adelanto de bienes personales, la Ley de Ganancias, las retenciones y el cambio de fórmula jubilatoria.
Otra de las modificaciones que el Poder Ejecutivo aceptó fue la de reducir de 11 a 6 las facultades delegadas al Presidente. Con los cambios, solo quedaron habilitadas las facultades en materia económica, financiera, de seguridad (también podría ser eliminada del proyecto), tarifaria, energética y administrativa. Además, el plazo pasó de dos años a uno con la posibilidad de que el Congreso lo estire un año más.
También hubo cambios en el capítulo II del proyecto original, vinculado a la privatización de las compañías estatales y las sociedades en las que el Estado argentino tiene control total o mayoritario. En el texto inicial, había 41 empresas “en vidriera”, dentro de las que se encontraba Yacimientos Petrolíferos Fiscales SA (YPF) que finalmente fue quitada y seguirá siendo una empresa mixta bajo control del gobierno, en la que el 51 % de las acciones son del Estado.
No obstante, continúan en la lista y sin restricciones para su privatización otras 30 empresas claves entre las que se destacan Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles Argentinos, los medios públicos (Télam y RTA), Belgrano Cargas, Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. y Desarrollo del Capital Humano Ferroviario Sapem.
En el caso del Banco Nación, la empresa de telecomunicaciones y satélites espaciales Arsat y la compañía generadora de energía eléctrica Nucleoeléctrica (opera las centrales nucleares de Embalse y Atucha I y II), el Estado solo podrá realizar una “privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa”.
Otras de las modificaciones que se hizo fue la quita de la aclaración sobre el plazo de vigencia del impuesto PAIS, cuya continuidad es reclamada por los gobernadores que también pide que se coparticipe para paliar el impacto de los recortes en partidas discrecionales.
También se quitó el artículo 292 que contemplaba la remoción de los fondos fiduciarios de zonas frías para usuarios residenciales de gas que había generado fuerte rechazo de los gobernadores del sur y algunos municipios de la Provincia de Buenos Aires.
Otro de los puntos que Milei ordenó quitar tras la resistencia de los mandatarios provinciales fueron los cambios sobre el Régimen Federal de Pesca que, entre otras cuestiones, apuntaban a otorgar cuotas de exploración y explotación a firmas extranjeras dentro del Mar Argentino. Tampoco habrá modificaciones a la Ley de Hidrocarburos.
Asimismo, se quitaron los artículos que modificaban el financiamiento a las leyes de Bosques Nativos y Glaciares. También quedó fuera del dictamen la reforma política que incluía desde la eliminación de las PASO hasta la instauración del sistema de circunscripciones uninominales.
Los cambios de último momento
Instantes antes de someter a votación el proyecto, el oficialismo metió por la ventana cuatro artículos que, el miércoles (en el marco de la primera jornada de sesión), se había decidido quitar. El caso más polémico es el del artículo 179 que contempla la transferencia de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) al Tesoro Nacional que, supuestamente, había sido suprimido horas antes.
Otro es el artículo 189 que señala: “Consolídense en el Estado Nacional las tenencias de títulos de deuda pública de titularidad de las entidades del Sector Público Nacional comprendido en el artículo 8° de la Ley No. 24.156, y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad creado por el Decreto No. 897/2007”.
El Artículo 196, que alcanza inversiones, prohibiciones, limitaciones del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, y se elimina el Consejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino. Por último, se incorporó el artículo 301 que contempla la penalidad a “organizadores de manifestaciones” (a quien convoque, coordine, provea materiales y registre presencias).
Discusión en particular
La Cámara de Diputados iniciará el próximo martes la votación en particular que consiste en el tratamiento de la iniciativa artículo por artículo. En esta instancia, cada fuerza puede manifestar su disconformidad con apartados específicos de la ley, que podrían ser suprimidos o modificados antes de pasar al Senado.
En este marco, desde el grueso de los bloques de Unión Cívica Radical (UCR), Hacemos Coalición Federal (HCF) e Innovación Federal que acompañaron la norma en general, se prevé que planteen diferencias en puntos claves como privatizaciones, deuda, facultades delegadas e impuesto PAIS.