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Once jefes comunales peronistas se sumarán a la fiscalización del programa contra la inflación lanzado por el Gobierno nacional. Se reunieron en Ranchos para analizar cómo abordarán la temporada. Habrá una versión específica para el turismo.
04/12/2022 - 00:36hs
No solo los intendentes del Gran Buenos Aires colaborarán en la búsqueda de un gol contra la inflación en los próximos meses. También los jefes comunales de la costa atlántica saldrán a fiscalizar los comercios para garantizar el juego limpio, en el marco del programa Precios Justos lanzado por el Gobierno nacional, y hasta habrá una versión específica para el turismo, según adelantó uno de ellos.
El alcalde del Partido de la Costa, Cristian Cardozo, realizó el anticipo luego de reunirse con el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, impulsor de la iniciativa que busca mantener bajo control los precios de alimentos y otros artículos de uso común, para así domar al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
“Estamos diseñando un programa de precios justos para el turismo”, explicó Cardozo. “Con ese objetivo, avanzaremos, en los próximos días, a través de reuniones conjuntas con todos los actores del sector, y también con los distintos equipos de gobierno, para trabajar unidos por una temporada que incluya a todos y todas”, agregó.
El intendente de la Costa fue uno de los 11 jefes comunales peronistas que se reunieron en Ranchos para delinear el abordaje de la temporada veraniega y la fiscalización de los precios en sus municipios. Se trata de Francisco Echarren (Castelli), Jorge Paredi (Mar Chiquita), Alberto Gelené (Las Flores), Alfredo Farías (Tordillo), Sebastián Ianantuony (General Alvarado), Javier Gastón (Chascomús), Juan Manuel Álvarez (General Paz), Gustavo Barrera (Villa Gesell), Sebastián Walker (Pila), Carlos Rocha (General Guido) y el ya mencionado Cardozo.
La recaudación por multas, un incentivo
En el lanzamiento del programa para los municipios del conurbano, del cual informaba diario Hoy en su edición de ayer, se acordó que el 25% de lo que se recaude en concepto de multas por incumplimiento por parte de los comercios irá a parar a las arcas del distrito correspondiente. Esto es un incentivo para que los intendentes se esmeren en la fiscalización, ya que las sanciones van de los 5 a los 250 millones de pesos. Es decir que por cada sanción un municipio recibiría entre 1.500.000 pesos y 62,5 millones.