Los presos políticos del albertismo

Semanas atrás, Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Fernández de Kirchner, ofreció un amplio análisis a diario Hoy sobre el lawfare en la Argentina, su funcionamiento y los mecanismos utilizados por los medios de comunicación hegemónicos (como el Grupo Clarín que es propietario de más de 50 medios entre periódicos, canales de televisión y radios, además de ser dueño de la principal empresa de papel de diario, de compañías de telecomunicaciones como Telecom y proveedores de TV por cable, como Cablevisión e internet como Fibertel) y la Justicia corrupta para enjuiciar sin causa justa a dirigentes y referentes políticos.

Entre sus palabras, Dalbón desprendió una frase que dejaba ver un cierto inconformismo con el rol del actual Gobierno en este apartado: “La gran deuda (de Alberto Fernández) es no haberle puesto fin al lawfare”. Poco después, matizaba el “palito” con un halago, que da nombre al artículo publicado en este mismo diario el pasado 2 de enero: “El Presidente capaz de terminar con el lawfare es Alberto Fernández, de eso no tengo ninguna duda”.

Pasando en limpio los conceptos, podemos observar que pese a su “fe” en el jefe de Estado, el panorama de los presos políticos que vienen del macrismo dista de ser alentador: Amado Boudou, Milagro Sala y Julio De Vido continúan privados de su libertad a la espera de un juicio justo.

El Grupo Clarín, en conjunto con los jueces que integran el lawfare, no han perdido ni un milímetro de terreno, pese al retorno del peronis­mo al poder. El mismo Alberto Fernández descar­tó en su campaña política y reiteró desde el sillón presidencial que “no realizará indultos” de ningún tipo. De hecho, el primer mandatario abrió el juego a que el tema se discutiera en el Parlamento, algo que descartó de plano el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, el pasado fin de semana en una entrevista que le dio a El País de España. Sergio Tomás fue contundente: “Una amnistía para los casos de corrupción sería un gran error”. “No veo la menor posibilidad. La Justicia es quien absuelve o condena”, sentenció el exintendente de Tigre.

Lo que se olvidó Massa, quien hace tiempo ocupa el papel de “vedette” en la política argentina, es que le iban a llover las críticas de parte del núcleo duro kirchnerista. Sin ir más lejos, De Vido disparó: “Sergio Massa, ya que te preocupa tanto la cuestión de la corrupción, sería bueno investigar desde el Congreso la operación de venta de Edenor, tanto a los compradores como al vendedor, pero fundamentalmente a los que desde el Estado intermediaron la operación”. Luis D’Elía apuntó, también en Twitter contra Massa: “A vos, gil, forro de los gringos, que te creés que hacer política es hacerse el vivo haciendo negocios a espaldas del pueblo, enterate que tengo toda la documentación sobre el multimillonario negocio del cloro en la Argentina”. Alicia Castro también le mandó un saludo al presidente de la Cámara baja: “Con Sergio Massa reclamando presencialidad en las escuelas –aún sin vacunas como Horacio Rodríguez Larreta– y sin contar los 47.000 compatriotas muertos, descartando indulto y amnistía para los #presospolíticos del macrismo y erosionando a Venezuela al compás de Estados Unidos, no necesitamos al PRO”.

Mientras las aguas arden dentro del propio partido peronista, los presos políticos siguen esperando justicia. Milagro Sala, quien lleva más de cinco años presa injustamente, ve detrás de sus simbólicas (y no tanto) rejas cómo la actual dirigencia del país, del mismo ADN que la dirigente, no ha movido más allá de las palabras un solo dedo por cambiar la situación en la que se encuentra sometida desde que Mauricio Macri asumió el control del país y con él, el lawfare que se movió en la Argentina como un pez en el agua.

El problema, a más de un año de asunción del gobierno de Alberto, es que las causas diseñadas con minuciosidad por la oposición hacia los dirigentes políticos no solo no han encontrado una solución, sino que se está lejos de hallarla.

Fernando Esteche ya había disparado fuerte contra el Gobierno por Milagro, afirmando que 2020 fue “un quinto año que nos duele a todos, que es una vergüenza para toda la militancia popular. Debiera ser una vergüenza incluso para el Gobierno popular. Si bien son causas heredadas del gobierno anterior y de la persecución anterior, no hemos visto que en el campo de la política, sea el Legislativo o sea el Ejecutivo, hayan echado mano para poder producir una discrecionalidad más racional en el manejo de la Corte Suprema y en las causas de persecución política”.

Otro que no sonríe es Amado Boudou, todo un nombre del kirchnerismo que ve cómo un gobierno que debería brindarle garantías le da la espalda. Cabe recordar que Boudou fue acumulando causas. Llegaron a ser 69, entre ellas el procesamiento por la compra directa, sin licitación, de 19 autos oficiales de alta gama para el Ministerio de Economía cuando era su titular; la causa por adulterar los documentos que presentó para la transferencia de un vehículo de su propiedad; la compra de acciones con dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses con pérdidas por 4.200 millones y la falsificación de facturas en la rendición de viáticos por unos 20.000 euros, luego de viajes oficiales a París realizados como ministro de Economía en febrero de 2011.

Pero, sin ninguna duda, la más mediática y por la que está preso es por la causa Ciccone. Boudou está acusado de haber adquirido la única imprenta privada de la Argentina capaz de imprimir papel moneda mediante testaferros y de favorecerla con negocios con el Estado.

Milagro Sala fue detenida el 16 de enero de 2016. Fue condenada a tres años de prisión en suspenso por ser la instigadora a un huevazo contra el actual gobernador, Gerardo Morales, cuando era senador por Jujuy en 2009. En octubre de ese año hubo un pronunciamiento internacional sobre su detención. El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas realizó un “llamamiento urgente” al gobierno de Juntos por el Cambio para que la liberara.

Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmaron su condena, a la que se le sumó una causa por supuesto fraude a la administración pública y extorsión en concurso real por el desvío de fondos de 60 millones destinados a la construcción de viviendas sociales.

Pero el trasfondo está puesto en el gobernador Gerardo (in)Morales, el virrey jujeño, quien al asumir en la provincia en 2015 impulsó en la Legislatura provincial la ampliación de cinco a nueve el número de integrantes de la Corte Suprema de Jujuy, que tuvo un tratamiento exprés, ya que fue aprobada menos de cinco días después de la asunción de Morales. Para los nuevos puestos, el gobernador había designado a legisladores de su mismo partido, el radicalismo, y ubicó a parientes de funcionarios en puestos claves del Poder Judicial. Todo este accionar sirvió para que se encarcelara a Milagro (y también para amedrentar a políticos opositores). De hecho, hubo un ensañamiento hacia la obra de la Tupac, ya que los piletones que había construido Milagro para los niños más desfavorecidos de la provincia fueron destruidos con saña.

Morales tuvo una gran relación con Macri, a quien apoyó a tajo y destajo. Lo mismo ocurre con Fernández. El mandatario provincial es un camaleón que pudo adaptarse al cambio de Gobierno nacional, e incluso durante esta pandemia apoyó todas las decisiones de Alberto.

El virrey de Jujuy logró, a través de su apoyo al Presidente, que Alberto Fernández desde su asunción no haya tratado la situación de Milagro Sala y se haga el desentendido (o que sea un cómplice consciente para tener un apoyo opositor fuerte) cuando se le pregunta por el tema. Lo mismo ocurre con Boudou.

Dados los argumentos y a más de un año de la asunción del Frente de Todos, los presos ¿siguen siendo presos políticos del macrismo? ¿O ya pasaron a ser parte del albertismo?