Macri apeló las medidas en la causa con el Grupo Indalo

El expresidente Mauricio Macri reclamó que no se efectúe el entrecruzamiento de llamadas dispuesto por la jueza federal María Romilda Servini, a la vez que consideró que se trata de una medida abusiva. Esto se da en el marco de la causa que se investiga si durante su gobierno se realizaron maniobras ilegales contra el Grupo Indalo.

Macri presentó un escrito digital en la causa, en el que nombra como su abogado a Pablo Lanusse, y apeló la medida ordenada porque “carece de la debida fundamentación y vulnera los derechos, principios y garantías de la defensa en juicio, debido proceso”, según el exmandatario.

“Estoy convencido de mi inocencia en los hechos que aquí se investigan”, afirmó Macri en las primeras líneas del texto que envió a la Justicia, en el marco de la causa iniciada por una denuncia del empresario Fabián De Sousa. Este último había afirmado que, tanto él como su socio Cristóbal López, fueron presionados durante el gobierno de Cambiemos, que habría buscado perjudicar a sus empresas.

La jueza Servini había ordenado el 6 de julio una serie de medidas de prueba, entre las que se destacaba un amplio entrecruzamiento de llamados entre Macri, los extitulares de la AFIP, Alberto Abad y Leandro Cuccioli, y otros imputados en la causa. Estas pruebas se pidieron para establecer si había comunicaciones entre ellos en los días que los denunciantes afirmaron haber recibido presiones, o en los que el gobierno de Cambiemos dictó medidas que perjudicaron al Grupo Indalo.

“Lo dispuesto carece de la debida fundamentación y vulnera los derechos, principios y garantías de la defensa en juicio, debido proceso, mínima intervención estatal, no injerencia indebida, intimidad, proporcionalidad, racionalidad, dignidad humana y porque compromete la seguridad nacional por las características desproporcionadas, exorbitantes y abusivas que presenta”, sostuvo Macri en la carta.

La investigación se abrió por denuncia de De Sousa y se centra en la “presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos (…) mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo(…)”, señala la acusación.