Los videos que salieron a la luz de la mesa judicial bonaerense pusieron en primer plano el represivo funcionamiento del Poder Judicial en la era macrista y refuerzan la consigna que llevará la movilización del 1° de febrero a la Corte Suprema.
26/01/2022 - 00:00hs
Los videos de la mesa judicial bonaerense y el “lamento” de Villegas por no poder crear una “Gestapo en contra de los gremios” fue la expresión más explícita de la persecución judicial impulsada desde el macrismo que muchos dirigentes denuncian hace ya tiempo.
“Pata” Medina, Marcelo Balcedo, Luis D’Elía y Milagro Sala son algunas de las voces que reclaman el fin de la “guerra judicial” o lawfare, que no solo funciona a partir de la complicidad con el Poder Judicial, sino con los medios de comunicación, tal como lo expresó la vicepresidenta Cristina Kirchner en su declaración en la causa dólar futuro.
Ante este contexto, comenzó el llamado a movilizar este 1° de febrero a las 18 horas en Tribunales. En principio, fueron los sindicatos los que comenzaron a convocar para esa fecha. La consigna ya es respaldada por la CTA de Hugo Yasky, UTE, Suteba y ATE.
Por parte de la CGT, Pablo Moyano adelantó que participará de manera particular, siendo él “uno de los más perseguidos” por el macrismo, aunque no hubo una pronunciación conjunta por parte de la Confederación.
Las voces del Gobierno
Si bien el #1F no fue una iniciativa que impulsó el Ejecutivo, desde Casa de Gobierno expresaron que apoyan el reclamo popular y así lo explicitaron los funcionarios nacionales y provinciales, quienes no son tímidos a la hora de criticar el funcionamiento de la Corte: el Presidente Alberto Fernández, en primer lugar, expresó que la misma “tiene un problema de funcionamiento muy serio”.
Desde el Ministerio de Justicia también mostraron su descontento con el máximo tribunal. “La Corte Suprema de Justicia ya no aplica el derecho sino que está jugando a hacer política”, declaró en su momento el ministro Martín Soria.
Por parte de la gestión de Axel Kicillof, quien se pronunció con respecto a la marcha fue la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, que evaluó: “Vivimos una situación grave y necesitamos respuestas del Poder Judicial y de los partidos políticos expresándose al respecto”.
El que se alejó categóricamente de la convocatoria fue el presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea: “Hay que ver bien el por qué y cómo se convoca, porque hay grupos que tienen otras herramientas para actuar” y otros “resortes institucionales” para construir “desde otro lugar”, dijo.
Una adhesión masiva
El apoyo llega desde diferentes sectores sociales: en principio, ayer la asociación Justicia Legítima, que nuclea a jueces y abogados, adhirió a la necesidad de “expresar el repudio popular y peticionar colectivamente a las autoridades la urgente Democratización de la Justicia con perspectiva de género”. Su titular, Cristina Caamaño, también actual interventora de la AFI, declaró particularmente que la convocatoria “es más que necesaria”.
Por otro lado, el médico asesor del gobierno provincial, Jorge Rachid, también compartió un mensaje en el cual llamó a “curar una democracia enferma” por un “Poder Judicial que ha sido carcomido”.
No es sorpresiva tampoco la adhesión de la abogada Valeria Carreras, representante de los familiares del ARA San Juan, víctimas de espionaje ilegal por el gobierno de Mauricio Macri. “Estoy en contra de una Justicia que no respeta la igualdad ante la ley”, dijo la letrada en sus redes sociales.
Las críticas hacia el funcionamiento del Poder Judicial llegan desde todas las esferas sociales, por lo que se espera una masiva convocatoria para pedir una reforma judicial y, como consecuencia, el fin del lawfare.
La inaudita crítica de Garavano
El espacio liderado por Mauricio Macri continúa intentando atribuir esta convocatoria “al oficialismo” mediante titulares en los medios y declaraciones de quienes fueron sus funcionarios.
Tal es el peculiar caso del exministro de Justicia, Germán Garavano, quien catalogó como “insólito y peligroso” que el Presidente “se monte sobre esta marcha”. Sin embargo, pareció olvidarse que “insólito y peligroso” es armar una mesa con funcionarios, espías y empresarios para crear una Gestapo para los sindicatos en una práctica que atenta directamente contra la democracia.