Mariano Macri pidió reprogramar su declaración como testigo en la causa por espionaje ilegal

ariano Macri pidió una prórroga por razones de salud para declarar como testigo en la causa por supuesto espionaje ilegal desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos, luego que su declaración testimonial del lunes fuera suspendida.

El hermano del expresidente estaba citado por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en la causa que se reactivó con una serie de declaraciones y medidas de prueba ordenadas por la Justicia, pero presentó un escrito en el que pidió reprogramar la audiencia por problemas de salud, según informaron fuentes judiciales.

La semana pasada el diputado nacional Diego Santilli, una de las víctimas del espionaje y querellante en el caso, anunció su intención de responder por escrito ante lo cual en el juzgado prepararán los pliegos de preguntas una vez consultadas todas las partes.

El primer testigo en esta ronda de declaraciones se presentó el martes pasado y se trató del exfuncionario del Ministerio de Defensa, José Luis Vila, a quien en 2018 le dejaron una caja con explosivos en la entrada de su domicilio.

Un detenido en una causa por narcotráfico declaró que habría sido contactado por un abogado que trabajaba para la AFI para dejar esa caja frente a la casa de Vila.

Otro testigo será el juez de Avellaneda Luis Carzoglio, citado para el 28 de marzo “a fin de que se expida acerca de posibles reuniones que pudo haber mantenido con Alan Ruiz y Juan Sebastián De Stefano”, dos exfuncionarios de la AFI imputados en la causa.

Carzoglio denunció haber recibido presiones de agentes de la AFI que respondían directamente a Macri para firmar una orden de detención contra el sindicalista del gremio de Camioneros, Pablo Moyano, un pedido al cual el magistrado se negó a ejecutar.

Martínez De Giorgi ordenó las citaciones entre otras 43 medidas de prueba que dispuso al quedar a cargo de la investigación tras el pase de la causa del fuero federal de Lomas de Zamora a Comodoro Py por orden de la Cámara Federal de Casación.

En la causa estuvieron procesados los exresponsables de la AFI en el macrismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto a otros exjerárquicos y exagentes del organismo.

Sin embargo, cuando el caso pasó a los Tribunales de Comodoro Py, a pedido de las defensas de los exfuncionarios acusados, la Cámara Federal porteña revisó lo resuelto en Lomas de Zamora y concluyó que no hubo una asociación ilícita en la AFI sino que se trató del accionar ilegal “cuentapropista” de un grupo de espías que no fue debidamente controlado por Majdalani, segunda en la jerarquía que la agencia tuvo durante el gobierno de Macri.

Arribas, Majdalani y los restantes imputados fueron beneficiados con falta de mérito por este delito.

La exfuncionaria quedó procesada por presunto “incumplimiento de deberes” a raíz de no haber controlado las actividad de un grupo de agentes que se denominaban a sí mismos como los Súper Mario Bros, quienes quedaron con procesamientos confirmados por infracción a la Ley de Inteligencia.

La Cámara Federal ordenó profundizar la investigación al nuevo juez de la causa, Martínez De Giorgi.

El magistrado dispuso las nuevas medidas y, entre ellas, pidió con carácter de “muy urgente” informes a la Dirección Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) sobre la existencia de “un sistema de entrega de las llamadas interceptadas judicialmente” entre ese organismo y la AFI “a través de un enlace dedicado o mecanismo similar”.

Caamaño informó al juez sobre la existencia de 105.000 archivos de audio hallados en el organismo con escuchas hechas por orden judicial, que habrían sido derivadas de manera directa desde la Dajudeco a la AFI y que no fueron destruidas.

Martínez De Giorgi requirió que la Dirección Judicial informe “si durante los años 2017 a 2019 este sistema estuvo operativo; si la derivación a través de ese sistema se realizaba sobre la totalidad de las líneas interceptadas y a cuyo retiro se encontraba autorizada judicialmente la AFI, o si se requería en cada caso concreto de un pedido expreso de dicha Agencia para que se procediera a dicha derivación”, entre otros puntos.

A la Agencia se le requirió, entre otras medidas, que previa desclasificación informe los “números de abonados telefónicos cuya titularidad y/o uso y/o asignación hubiera sido afectada, según sus registros” entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019 a Arribas, Majdalani y otros 24 investigados.