Monotributo social: el Gobierno dio de baja a más de 400.000 personas

Más de 400.000 personas fueron dadas de baja del Monotributo Social luego del reciente reempadronamiento obligatorio bajo las nuevas condiciones impuestas a través de la Resolución 630/2024 del Ministerio de Capital Humano.

La reciente disposición de la cartera dirigida por Sandra Pettovello establece que los titulares que deseen continuar en el Monotributo Social deberán abonar el 50% del aporte a la obra social por sí mismos y por cada adherente, cifra que anteriormente era subvencionada por el Estado.

Así, cada inscripto que pretenda mantener las prestaciones de su obra social deberá abonar $8.358,16 mensuales por cada uno de integrante del grupo familiar adheridos al régimen, lo que suma $33.432,64 para una familia tipo (matrimonio con dos hijos).

Los cambios en la normativa provocaron la baja de 406.000 monotributistas, lo que representa el 60% del total de inscriptos, que pasaron de 673.000 a 267.000 desde octubre de 2024.

De esta manera, el Gobierno libertario vuelve a impulsar medias que golpean de lleno a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, dejando a cientos de miles de familias sin poder acceder a las prestaciones básicas de una obra social.

Por su parte, desde la Secretaría de Trabajo señalaron que esta contracción drástica en el régimen afectó principalmente a los beneficiarios de programas sociales: “ Aquellas personas encuadradas en el monotributo social que no cumplieron con los nuevos criterios fueron dados de baja del régimen”, afirmaron sin ningún tipo de miramientos.

Es preciso mencionar que, el Monotributo Social está dirigido a personas en situación de vulnerabilidad social o desempleo, que son titulares de programas sociales como Acompañamiento Social, Volver al Trabajo y Microcrédito.

En el mismo, pueden inscribirse quienes realizan una única actividad económica de forma independiente, trabajan en relación de dependencia y su salario bruto es inferior a una jubilación mínima o forman parte de una cooperativa de trabajo con un mínimo de seis asociados.

A través del régimen se busca formalizar el trabajo, ya que facilita la emisión de facturas; acceder a cobertura de salud para el titular y su grupo familiar, e ingresar al sistema jubilatorio, todo lo cual quedó suspendido para unas 400.000 familias.